El Gobierno quiere eliminar el Plan Procrear
La Casa Rosada busca disolver el fondo fiduciario que contiene el programa y estudia el procedimiento para subastar públicamente las obras.
El Gobierno anunció su intención de dar de baja el Plan Procrear y poner a la venta las viviendas en construcción que aún no han sido adjudicadas. La decisión implica el desmantelamiento del fondo fiduciario que sostiene el programa, cuya liquidación será acompañada de subastas públicas de las obras en proceso.
La medida apunta a la eliminación del Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, actualmente gestionado por el Ministerio de Economía bajo la dirección de Luis Caputo, y coordinado a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, liderada por Rodrigo Aybar.
Desde el Gobierno, aseguran que "la idea es que el programa deje de existir" y que ya se encuentra una mesa técnica trabajando en los procedimientos legales necesarios para llevar a cabo el cierre del Procrear. En la actualidad, el programa cuenta con unas 17,000 viviendas bajo el proyecto Desarrollos Urbanísticos que no han sido finalizadas.
Fuentes oficiales han señalado que los créditos en curso serán respetados, pero las obras no asignadas se pondrán en venta. El Ejecutivo también evalúa la posibilidad de transferir algunos desarrollos a las provincias en ciertos casos específicos.
Para determinar el valor de estas construcciones, el Tribunal de Tasaciones de la Nación establecerá los precios de las viviendas, que luego se subastarán en el portal de la Administración de Bienes del Estado (AABE).
El fondo fiduciario del Plan Procrear fue establecido en 2012 mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por Cristina Kirchner y relanzado por Alberto Fernández en 2020. El fideicomiso, con una duración prevista de treinta años, es administrado por el Banco Hipotecario, y está compuesto por fondos del Tesoro Nacional e inmuebles transferidos por la AABE.
Este fondo fiduciario tiene como objetivo la construcción de viviendas y el desarrollo de proyectos inmobiliarios para facilitar el acceso a la vivienda única, familiar y permanente, destinado especialmente a los sectores de ingresos medios y bajos de la población. Sin embargo, la nueva estrategia gubernamental apunta a desvincular al Estado de estas obras y poner a la venta los proyectos pendientes, dejando en manos del mercado la distribución de estas viviendas.
