Trabajadores del INV rechazan la desregulación y advierten riesgos para toda la cadena vitivinícola

El personal técnico y profesional del Instituto Nacional de Vitivinicultura rechazó la resolución que elimina la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uva y advirtió que la medida pone en riesgo la trazabilidad, la competitividad y la reputación internacional del vino argentino.

El clima interno en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años. Técnicos, profesionales y trabajadores del organismo resolvieron manifestar públicamente su rechazo a la Resolución 37/2025, la norma que quita el carácter obligatorio al Certificado de Ingreso de Uva (CIU) y que forma parte del paquete desregulatorio impulsado por el Gobierno nacional.

En un comunicado institucional, el personal del INV calificó la medida como "inviable" y alertó que su aplicación "coloca en una situación de riesgo operativo, comercial y reputacional a toda la cadena vitivinícola". Aseguran que la resolución "no refleja los intereses del sector", ni contempla el impacto legal y técnico que tendrá sobre la actividad.

El CIU, una pieza clave que el INV considera irremplazable
El punto central del reclamo es la eliminación del CIU como requisito obligatorio. Para los trabajadores, no se trata de un trámite más, sino del mecanismo que durante décadas garantizó la trazabilidad desde el ingreso de la uva hasta el producto final.
El comunicado remarca tres funciones esenciales del CIU:

·         Permite la trazabilidad documental y fiscal completa, asegurando que los volúmenes declarados y comercializados coincidan.

·         Evita adulteraciones, desvíos y triangulaciones, riesgos históricos en la industria vitivinícola.

·         Respalda la transparencia ante los mercados internacionales, donde los sistemas de trazabilidad unívoca son requisitos obligatorios de exportación.

Eliminar su obligatoriedad —afirman— deja al sector en un escenario de "fragilidad regulatoria", donde se vuelve más difícil fiscalizar, se debilita la confianza externa y se genera un desbalance competitivo entre quienes cumplen estándares estrictos y quienes no.

Tres razones por las que la resolución sería inviable
Los trabajadores del INV sostienen que la Resolución 37/2025 no solo es riesgosa, sino técnicamente inaplicable en la práctica cotidiana de bodegas y establecimientos vitivinícolas. Argumentan tres motivos principales:
1.      Riesgo de incumplimientos documentales
Con la desarticulación del sistema de control previo, las verificaciones pasan a ser posteriores a la comercialización. Esto aumenta el margen de errores formales y expone a las empresas a sanciones, multas, clausuras o pérdida de certificaciones.

2.      Más espacio para fraudes y adulteraciones
La eliminación del CIU abre vacíos de control intermedio en la cadena de trazabilidad. Detectar maniobras irregulares sólo en instancias finales —advierte el comunicado— resulta mucho más difícil y deja al país más vulnerable a crisis reputacionales.

3.      Pérdida de competitividad internacional
Los principales mercados de exportación exigen trazabilidad unívoca como condición de ingreso. Sin mecanismos robustos y reconocidos internacionalmente, la vitivinicultura argentina podría enfrentarse a restricciones, barreras no arancelarias y mayores costos de certificación.

Pedido de revisión urgente
El personal del INV plantea una oposición "total" a la resolución y solicita su inmediata revisión. Consideran indispensable restituir el carácter obligatorio e indelegable del CIU para proteger la calidad del vino argentino, la transparencia del mercado y la confianza tanto local como internacional.