Docentes universitarios inician un paro por 72 horas
La medida de fuerza, que comenzó este miércoles y se extenderá hasta el viernes, busca presionar al Gobierno nacional para que convoque a paritarias y ejecute la Ley de Financiamiento Universitario. Los sindicatos advierten que el ciclo lectivo 2026 podría verse afectado.
Docentes y no docentes universitarios de todo el país iniciaron este miércoles un paro total de actividades por 72 horas, en reclamo de mejoras salariales y de la inmediata implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta, que se extenderá hasta el viernes 14 de noviembre, incluye asambleas y actividades de visibilización en distintos puntos del país.
Desde la Conadu Histórica manifestaron que la medida se debe al "deterioro del poder adquisitivo y la falta de respuestas del Gobierno nacional". Además, exigieron la apertura urgente de paritarias y la puesta en marcha de los mecanismos previstos en la nueva ley, considerada clave para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.
Por su parte, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) advirtió que, si no se avanza en la aplicación efectiva de la norma, "el inicio del ciclo lectivo 2026 podría verse comprometido". Junto al Frente Sindical Universitario, la organización anunció que judicializará el reclamo en caso de que el Ministerio de Capital Humano no convoque a negociaciones salariales.
Entre los principales reclamos, los gremios enumeraron cuatro puntos centrales:
- Cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Apertura de paritarias nacionales docentes.
- Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.
- Aumento del presupuesto destinado a infraestructura universitaria.
La Ley 27.795, promulgada el pasado 21 de octubre, fue aprobada por el Congreso luego de que se rechazaran los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, su ejecución quedó suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas correspondientes en el presupuesto nacional, según establece la normativa vigente.
El texto de la ley busca garantizar la continuidad y el sostenimiento del sistema universitario público, a través de la actualización automática de los presupuestos según la inflación, la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la convocatoria obligatoria a paritarias nacionales con actualización mensual no inferior al índice del INDEC.
También prevé el fortalecimiento de los programas de becas y de apoyo económico para estudiantes en situación de vulnerabilidad, un punto que los gremios consideran "indispensable para asegurar la inclusión y la igualdad de oportunidades".
Mientras tanto, las universidades mantienen un clima de incertidumbre y preocupación. "Sin presupuesto y sin salarios dignos, el sistema público universitario no puede sostenerse", advirtieron desde Conadu, en la antesala de un conflicto que, de no resolverse, podría extenderse hacia el inicio del próximo año académico.
