Burlando arremete contra la fiscalía en el Caso Garder: "Es una persecución inmoral y sin pruebas"

En un caso que sacude a San Juan, los abogados Fernando Burlando, Javier Baños y Benjamín Balmaceda ofrecieron una rueda de prensa este jueves 31 de julio de 2025 en el Hotel Del Bono Park para exponer lo que califican como una serie de irregularidades en el proceso judicial que derivó en la condena de Marilina Elisa de la Fuente y Eduardo Adrián Guzmán, representantes de la empresa Garder, a tres años de prisión efectiva por supuesta defraudación en perjuicio de la administración pública y adulteración de instrumentos privados. Los letrados, que interpusieron un recurso de apelación ante la Cámara, denunciaron violaciones al debido proceso, falta de pruebas, persecución judicial y vejaciones sufridas por De la Fuente en el sistema penitenciario. A continuación, se detalla punto por punto el caso, las acusaciones de los entrevistados y los argumentos presentados en el recurso de apelación, basados en la transcripción de la conferencia y el documento judicial.

Contexto del caso Garder

La causa, identificada como Legajo Fiscal MPF-SJ-04802-2022 y acumulada con el Legajo 3655/2023, se originó por una denuncia del Ministerio Público Fiscal (MPF) liderada por el fiscal Iván Grassi, quien acusó a De la Fuente y Guzmán de defraudar a la Obra Social Provincia (OSP) mediante la presunta falsificación de documentos relacionados con la facturación de servicios de alimentación enteral. El 23 de julio de 2025, el Colegio de Jueces de San Juan declaró la culpabilidad de ambos imputados, imponiéndoles una pena de prisión efectiva, decisión que los abogados consideran "arbitraria, ilegal e inconstitucional".

En la rueda de prensa, los letrados destacaron que el proceso estuvo plagado de irregularidades, incluyendo la ausencia de documentación original, la falta de perjuicio económico acreditado y presiones indebidas del MPF sobre testigos. Además, denunciaron que De la Fuente sufrió graves vejaciones durante su detención, lo que agrava la situación. "Estamos ante un caso paradigmático de arbitrariedad que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino", afirmó Javier Baños, experto en derecho penal y conocido por su trayectoria en casos de alto perfil.

Un acuerdo que desmentiría el perjuicio

Uno de los puntos centrales de la defensa es un acuerdo firmado el 3 de noviembre de 2023 entre Garder y la OSP, certificado por el Escribano Mayor de Gobierno y el Asesor Legal de la Provincia. Según Fernando Burlando, este documento establece que "Garder no debe nada a la OSP" y que, de hecho, la provincia adeudaba a la empresa 28.097.872,60 pesos por facturaciones entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022. "Aquí está el documento que hiciste público. Garder no le debe nada a OSP. Lo firma el escribano mayor de gobierno, entre otros, certificando", señaló Burlando, mostrando el convenio durante la conferencia.

El abogado, conocido por su intervención en casos resonantes, explicó que participó en la negociación de este acuerdo cuando se inició la investigación. "Yo contacté a los funcionarios para solucionar un desequilibrio en los números. La provincia le debía dinero a Garder. Si no hay perjuicio, no hay estafa. Es irrisorio condenar a una persona por un delito que requiere un perjuicio cuando el propio Estado dice que no lo hay", afirmó. Burlando cuestionó la continuación del proceso, argumentando que en un sistema adversarial, como el adoptado en San Juan, un caso sin pruebas sólidas no debería prosperar. "En Estados Unidos, esto no habría durado más de cinco minutos en una audiencia con el fiscal", comparó.

Burlando expuso ausencia de pruebas y uso de fotocopias

Un agravio recurrente en la apelación y la conferencia es la falta de documentación original para sustentar la acusación de falsificación. Según el recurso presentado por Benjamín Balmaceda, abogado sanjuanino que representa a los imputados, el MPF basó la condena en "fotocopias de fotocopias digitalizadas", sin presentar los documentos originales supuestamente falsificados. "Jamás se tuvieron originales. Esto es tremendo, vulgar, deshonesto, inmoral desde el punto de vista de la técnica y, obviamente, desde un panorama estrictamente jurídico", denunció Burlando.

El recurso de apelación detalla que esta irregularidad violó el principio de igualdad de armas y el derecho a controlar la prueba de cargo. "Se exhibieron a los testigos copias electrónicas producidas unilateralmente por la fiscalía, con grave afectación del principio de inocencia", señala el documento. Balmaceda enfatizó que no se realizó una pericia caligráfica, imprescindible para acreditar la falsedad de las firmas. "Si dos personas están imputadas por falsificar una firma y no se hace una pericia caligráfica, no hay delito", afirmó en la conferencia.

Acusaron presunta persecución y mala praxis del MPF

Los abogados acusaron al fiscal Iván Grassi de llevar a cabo una "persecución" contra De la Fuente y Guzmán, personalizando la investigación en lugar de basarla en pruebas objetivas. "Cuando personalizas una persecución desde el poder judicial, se transforma en el no derecho", sentenció Burlando. Según el recurso, el MPF presentó una acusación "vaga, imprecisa y sinuosa", con alegatos de apertura y cierre plagados de ambigüedades lo que impidió a la defensa ejercer un derecho efectivo a la defensa.

Además, los letrados denunciaron que el MPF coaccionó a testigos durante el debate, amenazándolos con pedidos de prisión preventiva si no declaraban en línea con su teoría del caso. Balmaceda relató un episodio donde una testigo afirmó haber recibido amenazas, pero al ser interrogada no pudo precisar de quién, y el MPF solicitó la detención de De la Fuente sin pruebas concretas. "Se me corre traslado, pregunto a la testigo: ‘¿Quién fue? Muéstrenos la llamada o el mensaje’. No supo responder. Eso es mala praxis", explicó Balmaceda. Baños agregó: "¿Qué igualdad de condiciones puede haber cuando el fiscal pide la detención de un testigo si no dice lo que le conviene? Es una locura".

Grave: expusieron presunta vejaciones en el sistema penitenciario

Un capítulo especialmente grave fue la denuncia de vejaciones sufridas por Marilina de la Fuente durante su detención. Balmaceda reveló que "ha sido desnudada frente al personal masculino en el centro penitenciario", una práctica que calificó como "inconcebible" y comparable a métodos de la Inquisición. "Eso no pasa en el país. Viola todas las convenciones", afirmó. Burlando añadió: "Fotografiar a una mujer desnuda frente a personal masculino de seguridad, exhibirla, es un tormento. Hay más cosas que Marilina no quiso revelar para no generar dolor a su familia".

Los abogados subrayaron que estas vejaciones, junto con la condena efectiva, constituyen una "maldad que excede la maldad natural del ser humano", según Baños. El recurso de apelación destaca que estas violaciones comprometen la responsabilidad internacional del Estado argentino por incumplir tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Exponen que sería una condena arbitraria e injustificada

El recurso de apelación, presentado por Balmaceda, enumera 17 agravios que descalifican la sentencia como un acto jurisdiccional válido. Entre los principales, se destaca la imposición de una pena de prisión efectiva en lugar de una condena condicional, contemplada en el artículo 26 del Código Penal para imputados primarios sin antecedentes. "Condenar a personas sin antecedentes, con contención familiar, arraigo e hijos menores a una pena efectiva es ilegal, arbitrario e inconstitucional", señala el documento. Burlando reforzó esto en la conferencia: "El artículo 26, 40 y 41 del Código Penal son claros. No hay antecedentes de primera condena de 3 años con prisión efectiva sin peligro procesal. Esta gente no ha perjudicado a nadie".

El recurso argumenta que la sentencia carece de fundamentación, basándose en afirmaciones dogmáticas y omitiendo pruebas decisivas, como la pericia contable del perito Ferrer, que acreditó que no hubo perjuicio económico para la OSP. Además, se violó la teoría de los actos propios, ya que el acuerdo de 2023 entre la OSP y Garder, certificado por escribanía, reconoció que no había deudas pendientes. "El juez se arrogó el papel de legislador, desconociendo normas administrativas de orden público", indica el documento.

Denunciaron gravedad institucional y responsabilidad con alcances internacionales 

Los letrados alertaron sobre la "gravedad institucional" del caso, que trasciende el interés de las partes y afecta a toda la sociedad sanjuanina. "Hay 14 causas de arbitrariedad que permiten el tránsito de la causa hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación", afirmó Baños. El recurso invoca violaciones a artículos de la Constitución Nacional (1, 14, 18, 28, 31, 75 inc. 22), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), la Declaración Universal de Derechos Humanos (DU), la CADH y el PIDCP, reservando la posibilidad de recurrir a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Baños enfatizó que los delitos denunciados, como las vejaciones, no prescriben cuando son cometidos por funcionarios públicos. "Vamos a llegar a donde sea, hasta la Corte y la Comisión Interamericana. La justicia llega, aunque tarde 10 o 20 años", aseguró, citando precedentes como Garrido y Bulazo.

Un llamado a la reflexión

Burlando, Baños y Balmaceda coincidieron en que el caso Garder refleja un problema estructural en el Poder Judicial sanjuanino, donde la "familia judicial" y las conexiones locales pueden influir en los procesos. "En ciudades con cultura de pueblo chico, el infierno es grande", afirmó Burlando, criticando la complicidad de algunos funcionarios con el poder político. Sin embargo, aclararon que no todos los jueces y fiscales son responsables. "San Juan tiene jueces brillantes, honestos, juristas excelentes", reconoció  destacando un fallo previo de la Cámara que otorgó la libertad a los imputados.

La prioridad de los abogados es revertir la condena y garantizar la libertad de De la Fuente y Guzmán. "La prioridad es que no los detengan, porque sería una locura, arbitrario, irracional", dijo Burlando. Balmaceda agregó que el proceso estuvo marcado por una desigualdad de armas, con un solo defensor enfrentando a múltiples fiscales. "Era él solo contra ocho o nueve colegas. Eso no es igualdad de armas", denunció.

El caso Garder se presenta como un ejemplo de lo que los abogados consideran una "injusticia flagrante". Con un recurso de apelación que enumera 17 agravios, pruebas que desmienten el perjuicio económico, denuncias de vejaciones y acusaciones de persecución judicial, los letrados buscan que la Cámara revoque la sentencia y absuelva a los imputados. De no lograrlo, están dispuestos a escalar el caso hasta la Corte Suprema y organismos internacionales. Como afirmó Burlando, "No me aguanto las injusticias. No nos vamos a quedar cruzados de brazos".