Fraude con viviendas IPV: Liberan a hermanos Bolado e imputan a tres personas por estafas

Dos hermanos y una tercera persona comparecieron este viernes ante la Justicia de San Juan para conocer la imputación formal por presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con viviendas del IPV. Beatriz Bolado (57) y Roberto Bolado (62), quienes habían sido aprehendidos el pasado lunes, quedaron en libertad tras la audiencia. La tercera involucrada, identificada como Cecilia Masquijo, también fue imputada en el expediente como presunta cómplice.

Sobre los imputados recaían dos denuncias iniciales, a las que se sumó una tercera durante la audiencia. Los damnificados afirmaron haber abonado sumas de dinero a la Asociación Civil Virgen del Valle, supuestamente dirigida por los hermanos Bolado, con el fin de acceder a un proyecto de vivienda impulsado por dicha asociación. Sin embargo, el barrio prometido nunca se construyó y la asociación civil ni siquiera figuraba como constituida legalmente. Ante estas irregularidades, las dos familias iniciales denunciaron el hecho, lo que derivó en la detención de Beatriz y Roberto Bolado, quienes figuraban como presidenta y secretario de la organización, respectivamente. Tras conocerse el caso, un tercer damnificado radicó su denuncia.

Investigación y medidas coercitivas 

Durante la audiencia celebrada este miércoles, el fiscal Nicolás Alvo, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, secundado por la ayudante fiscal Silvina Putelli, solicitó que a los tres involucrados se les impute el delito de estafas (en calidad de autores para los hermanos y de partícipe para Masquijo) por tres hechos. Asimismo, pidieron un plazo de Investigación Penal Preparatoria (IPP) de un año y medidas coercitivas. Estas medidas incluyen presentarse en comisaría una vez al mes, la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial, la promesa de someterse al proceso y la prohibición de todo tipo de contacto con los damnificados. La abogada querellante, Fabiana Salinas, adhirió a todo lo expuesto por Fiscalía.

Por el lado de la defensa, el abogado Jorge Ramírez, representante legal de Roberto Bolado, se opuso a la calificación de la acusación, pero no presentó objeciones ni al plazo de la IPP ni a las medidas de coerción. Los letrados Martín Zuleta y Federico Victoria, defensores de Beatriz Bolado y Cecilia Masquijo, tampoco se opusieron al plazo de la IPP ni a las medidas de coerción para Bolado. Sin embargo, sí pidieron que dichas medidas cautelares no se apliquen para Masquijo, negando cualquier grado de participación en los hechos denunciados por parte de su defendida.

Tras escuchar a todas las partes, el juez de Garantías, Federico Rodríguez, decidió hacer lugar al planteo de Fiscalía. Ordenó 12 meses de IPP y medidas de coerción por el mismo plazo para los tres imputados (incluyendo a Masquijo). Asimismo, el juez ordenó la inmediata liberación de los hermanos Bolado, quienes afrontarán el resto del proceso en libertad.

El origen de la estafa 

La causa se originó a partir de las denuncias de dos familias, quienes señalaron que la maniobra fraudulenta se remonta al año 2013. En aquel entonces, los hermanos Bolado promovían un supuesto emprendimiento habitacional denominado "Virgen del Valle ", que se construiría en la zona de calle General Acha, pasando calle 6, en el departamento Pocito.

El proyecto era impulsado por la Asociación Civil Virgen del Valle, encabezada por los ahora imputados. De acuerdo a los testimonios recabados, los acusados mostraban planos del futuro barrio y aseguraban tener un convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Las víctimas declararon haber abonado alrededor de 220.000 pesos en ese momento, una cifra que, actualizada a valores actuales, representa un daño patrimonial considerable. Sin embargo, el barrio jamás se construyó, y las investigaciones preliminares indican que la asociación nunca inició trámites ante el IPV ni presentó documentación formal, ni siquiera hay registros de que estuviera legalmente constituida.