Paro de prestadores de discapacidad en San Juan: "Con amor no pagamos las cuentas"

En un nuevo capítulo de su lucha por condiciones dignas de trabajo y el derecho a la salud y educación inclusiva, los Docentes de Apoyo a la Inclusión (DAI) y otros profesionales prestadores de servicios para personas con discapacidad de San Juan realizaron hoy un "paro activo ". La movilización partió desde la Superintendencia de Servicios de Salud y culminó en la Legislatura. Esta es la segunda protesta en una semana y busca una respuesta urgente a sus reclamos.

Sheila, una de las representantes de las DAI, dialogó en vivo con Zonda Diario durante la marcha y explicó el motivo de la persistencia de la protesta: "Hoy es nuestra segunda movilización. La anterior la realizamos el martes pasado. Ante la falta de respuesta de Superintendencia hemos convocado esta marcha. Nos concentramos acá en Superintendencia y nos trasladaremos hasta la rotonda de Legislatura. Básicamente es para pedir respuestas".

La frustración se hizo evidente al recordar el fallido intento de diálogo anterior: "La otra vez fuimos a reunión con una persona que no sabemos cuál es el nombre, no quiso firmarnos el petitorio, no quiso colocar el sello supuestamente porque corría riesgo su trabajo. Nosotros tuvimos en consideración eso porque claramente no queremos ir contra el trabajo de nadie, sino más bien para reclamar el nuestro. Pero lamentablemente, tristemente no tuvimos respuesta. Dijeron que nos iban a llamar o que nos iban a contactar por mail, no fue así tampoco. Así que, por eso convocamos esta movilización, justamente con paro activo, es decir, nos presentamos a nuestros lugares de trabajo".

 

"Nosotros amamos nuestro trabajo, pero lamentablemente con amor no pagamos las cuentas".

 

 

Nomenclador congelado y la precarización laboral

Uno de los principales reclamos es la urgente actualización del nomenclador, que regula los pagos a los prestadores. Sheila reveló la alarmante cifra: "307.650 pesos. Eso es lo que está desde diciembre del año pasado". Este monto, explicó, es lo que cobran por el servicio que le prestan a un solo chico. La situación se agrava porque, si bien el servicio se rige por la jornada escolar, existe "abuso" en la contratación por más horas sin un aumento proporcional en el pago.

Además, muchos profesionales se ven obligados a trabajar con la Obra Social Provincia (OSP), la más grande de San Juan, que se encuentra entre las que peor pagan, según señalan. Sheila señaló que OSP "sigue pagando el mes de marzo" con demoras de "un mes y medio, 2 meses para abonar los primeros honorarios", y aclaró que no se trata de un "sueldo" sino de "honorarios". Incluso mencionó a Dansu como una obra social que cumple "la misma irregularidad". 

 
El laberinto burocrático y la Ley de Emergencia

La falta de regulación es otro de los puntos críticos. La posibilidad de un traspaso de los DAI para ser considerados docentes o estar bajo la órbita del Ministerio de Educación, algo que se planteó el año pasado, no tuvo ningún avance. Sheila explicó la paradoja: "No hubo ninguno porque en realidad no hay nada que nos regule. Al ser monotributistas, nadie se quiere hacer cargo de los trabajadores de esta área".

Rodolfo Fassoli, director de la OSP  había recomendado afiliarse a un gremio, pero la respuesta no fue satisfactoria. Respecto a la órbita educativa, la representante de las DAI aclaró que "no todos los acompañantes son docentes, no solo recibidos, porque hay estudiantes avanzados que se aceptan, sino que también hay, por ejemplo, psicopedagogos que también están cumpliendo este rol de DAI". Esto genera un círculo vicioso: "Si pertenecemos a Educación, estas personas quedan exentas. Entonces, es por eso que Educación dice que no se encaran, porque nosotros trabajamos más para el área de salud. Desde el Ministerio de Salud nos dicen que tampoco nos pueden resguardar porque estamos trabajando en las escuelas. Entonces, vamos de un lado al otro sin tener ninguna respuesta y desamparados totalmente".

La crisis no solo afecta a los profesionales, sino directamente a miles de personas con discapacidad que dependen de la Ley 24.901 para acceder a terapias y acompañamiento escolar. La solución que proponen los manifestantes es la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (7861-D-2024), que entre otras cosas, propone la actualización mensual de los aranceles según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la compensación y regularización de pagos, la garantía de continuidad de servicios y un refuerzo de pensiones no contributivas.

Sheila también destacó la importancia de la participación de los padres en la marcha. Si bien Desarrollo Humano brinda un subsidio de $220.000, el restante para completar el nomenclador ($87.650) es a cargo de los padres, y "no muchos"  pueden hacerse cargo de esa diferencia. "Mucha gente que accede a este subsidio es de bajo recursos", sentenció Sheila, subrayando que el reclamo no es contra ellos, sino para que "haya un ente regulador, alguien que nos acompañe y que los acompañe a ellos también. Por eso acá no solo estamos DAI, sino otros prestadores y así también solo pedimos por nomenclador actualizado, que es lo que nos compete a todos los profesionales, sino también pedimos por el apoyo de nuestros representantes ante la ley de emergencia en discapacidad. Eso también ayuda mucho a estas personas que tienen a cargo personas con discapacidad, porque ayuda a acelerar el proceso de aceptación de pensiones o de actualización de pensiones y el actualizador de los montos".

 
La crisis es federal: San Juan levanta la voz

Los prestadores insisten en que la Ley 24.901 obliga a cubrir todas las prestaciones básicas para personas con discapacidad, y que la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 26.378) garantiza el derecho a la salud y la inclusión. La crisis, advierten, es federal, y movilizaciones similares se están gestando en todo el país. En San Juan, el sector de discapacidad vuelve a levantar la voz exigiendo que el Estado garantice los derechos de las personas más vulnerables.