Medio hermano de un juez sanjuanino imputado por presunta estafa
Martín Julio Figuerola fue acusado de estafa tras vender una Toyota Hilux robada y embargado por $30 millones. El caso ha generado controversia por su parentesco con el juez de garantías.
Este 16 de diciembre, Martín Julio Figuerola, medio hermano del juez de garantías de San Juan, Javier Figuerola, fue imputado por estafa y embargado por $30 millones luego de la venta irregular de una camioneta Toyota Hilux SW4 robada. La denuncia fue presentada por un hombre de apellido Mattar, quien adquirió el vehículo en agosto de este año sin saber que había sido sustraído. Tras la compra, Mattar descubrió que la camioneta era "melliza", lo que impedía la transferencia del rodado. Aunque había utilizado el vehículo por un tiempo, nunca pudo obtener la documentación debido a las constantes excusas de Figuerola.
La situación escaló cuando la Justicia secuestró el vehículo el 16 de septiembre y comenzó una investigación formal. El fiscal Nicolás Alvo relató que Figuerola había recibido a cambio de la venta una camioneta Amarok, un Chevrolet Aveo y $5.000.000. Sin embargo, el abogado defensor de Figuerola, Alejandro Castán, argumentó que su cliente había adquirido el rodado de buena fe en Buenos Aires y lo vendió sin saber que era robado.
La defensa de Figuerola no fue convincente para el Ministerio Público Fiscal, que recordó que el imputado enfrenta otros ocho procesos penales, cinco de ellos por estafa. Como resultado, el abogado querellante, Maximiliano Páez Delgado, solicitó medidas más severas, lo que llevó al juez Sergio López Martí a dictar un embargo de $30 millones sobre seis de las siete cuentas bancarias de Figuerola, además de una inhibición de bienes, que le prohíbe disponer de cualquier propiedad a su nombre.
El juez también le dictó la prohibición de acercarse a 500 metros del denunciante y la retención de sus documentos de viaje para evitar que el imputado intente evadir el proceso judicial. La investigación sigue su curso, y el fiscal Alvo tiene un plazo de ocho meses para recolectar más pruebas contra Figuerola, mientras se exploran posibles vínculos con otras causas de estafa.
