La medida incluye la inhibición de bienes y un proceso de verificación de créditos. La decisión llega tras la detención de los hermanos Márquez y otros involucrados en el caso.

La fiscalía investiga más de 30.000 contratos firmados por la firma, de los cuales solo se habrían concretado unas 2.500 viviendas. 

Tras una comunicación oficial enviada a sus afiliados, la firma confirmó que dejará de prestar servicios médicos, domiciliarios y de emergencias.

La empresa, con sede en Córdoba, es investigada por presunta estafa en varias provincias. En San Juan ya se presentó una denuncia y podrían sumarse más en las próximas horas.