Desestiman la denuncia contra la jueza en la causa del Acueducto Gran Tulum
La presentación impulsada por los expresidentes de OSSE contra la jueza Mónica Lucero fue rechazada por la Fiscalía. El dictamen sostuvo que no hay elementos para abrir una investigación penal por prevaricato.
Los expresidentes de OSSE, Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, sumaron un nuevo traspié en sus planteos judiciales vinculados a la causa por presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum. Tras el rechazo de la recusación presentada a fines del mes pasado, ahora también fue desestimada la denuncia contra la jueza de Garantías Mónica Lucero.
La presentación había sido realizada por su abogado, Nasser Uzair, quien acusó a la magistrada de haber incurrido en el delito de prevaricato, figura que refiere al dictado de una resolución arbitraria o contraria a la ley a sabiendas de que es injusta. Sin embargo, la postura fiscal concluyó que no existieron motivos suficientes para configurar un delito y, por lo tanto, Lucero debe continuar al frente de la causa.
En paralelo, Sirerol y Ruiz también intentaron apartar al fiscal que analizó la denuncia y a toda la UFI Delitos Especiales, aunque ese planteo igualmente fue rechazado. La causa del Acueducto tuvo un nuevo movimiento a mediados de junio, cuando la fiscalía pidió extender por 90 días el plazo de investigación previa y la jueza dio lugar al pedido.
Ese trámite derivó en una serie de objeciones de la defensa. Antes de resolver la prórroga, Lucero había señalado que los expresidentes debían ser notificados y participar de la audiencia, por lo que dispuso un cuarto intermedio de un día. Al reanudarse la audiencia, ya sin la presencia del abogado de los exfuncionarios de OSSE, la magistrada avaló la extensión del plazo.
Luego hubo una tercera audiencia solicitada por Uzair, en la que pidió incorporarse al expediente para poder impulsar acciones, acceder al legajo y producir prueba. Ese pedido fue rechazado porque la jueza entendió que, por el momento, Sirerol y Ruiz no están acusados ni investigados, y que la fiscalía aún evalúa si existió delito en la ejecución de la megaobra.
La denuncia por prevaricato recayó en la UFI Delitos Especiales, lo que llevó a Uzair a recusar a todos los fiscales de esa unidad. El planteo fue analizado por Adolfo Díaz, quien emitió un informe en contra de la recusación, luego revisado por el fiscal coordinador Roberto Ginberg. El 30 de junio, Ginberg resolvió "declarar inadmisible la recusación interpuesta por el doctor Nasser Uzair contra los Fiscales de la Unidad Fiscal Delitos Especiales" y "disponer que el Fiscal de Caso N.º 6, Dr. Adolfo Díaz, prosiga con la investigación del presente legajo".
Fuentes oficiales confirmaron que ese trámite se cumplió este miércoles, cuando Díaz dictaminó "desestimar la promoción de la investigación del presente hecho por inexistencia de delito que conlleve el inicio de la Investigación Penal Preparatoria". En su fundamento sostuvo que "no se puede deducir la apariencia siquiera de la existencia de hechos ilícitos que ameriten ser investigados" y remarcó que el Ministerio Público no evalúa el desempeño de los jueces, sino la posible comisión de ilícitos penales.
También señaló que el dictado de resoluciones contrarias a la ley solo podría ser determinado por un tribunal superior, algo que —según afirmó— no surge de los hechos denunciados. Por último, concluyó que "no corresponde iniciar investigación penal" y que debe archivarse la actuación.
La causa del Acueducto Gran Tulum se inició a fines del año pasado, cuando el abogado Marcelo Arancibia pidió investigar presuntas maniobras ilícitas vinculadas a contrataciones estatales del Gobierno de San Juan. En esa presentación también reclamó analizar la posible participación penalmente responsable de funcionarios provinciales de la gestión 2019-2023.