La definición de las apelaciones sigue demorada mientras la Justicia busca completar el tribunal

El camino hacia la revisión de la histórica sentencia dictada en la megacausa de expropiaciones continúa atravesado por obstáculos procesales. A pocos días de cumplirse un año del fallo que condenó a nueve personas, la Corte de Justicia aún no logró conformar el tribunal que permitirá destrabar la instancia de apelación.

La demora no está vinculada todavía al análisis de los recursos presentados por las defensas, sino a un paso previo: determinar si resultan procedentes las inhibiciones formuladas por dos de los magistrados que habían sido sorteados para integrar la Sala encargada de estudiar las impugnaciones.

En ese contexto, el camarista penal Renato Roca y el camarista civil Esteban De la Torre aceptaron integrar el cuerpo que deberá pronunciarse sobre esas excusaciones. Sin embargo, todavía resta designar a un tercer juez, una tarea que no aparece sencilla debido a la sucesión de apartamientos que se vienen registrando.

Fuentes judiciales indicaron que varios magistrados convocados en el proceso de integración ya manifestaron su decisión de no intervenir. Entre las razones expuestas figuran vínculos personales con algunos de los condenados o personas investigadas, así como la participación previa en distintas etapas del extenso expediente, iniciado hace más de una década y media.

La nómina de posibles integrantes comprende jueces de las cámaras Civil, Penal, Laboral y de Paz. No obstante, en los tribunales existe la expectativa de que continúen presentándose nuevas inhibiciones, situación que podría obligar a recurrir a magistrados de primera instancia para completar la integración.

La resolución que adopte el futuro tribunal tendrá consecuencias directas sobre la conformación de la Sala que posteriormente deberá estudiar los recursos de casación. Si las excusaciones son aceptadas, quienes integren este órgano quedarían en condiciones de asumir también el análisis de las apelaciones. En cambio, si son rechazadas, los jueces inicialmente sorteados deberán continuar interviniendo y solo será necesario incorporar un integrante adicional.

Mientras tanto, las defensas mantienen la expectativa de que los recursos sean tratados cuanto antes, aunque el expediente permanece condicionado a que la integración quede firme.

Un proceso que acumula 16 años de historia

La causa de las expropiaciones constituye uno de los expedientes judiciales más importantes de la provincia. El 4 de julio de 2025, el tribunal integrado por Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia dictó condenas contra nueve acusados al considerar acreditada la existencia de una organización que, mediante la manipulación del valor de inmuebles expropiados por el Estado, obtuvo millonarios beneficios económicos.

Entre las penas más elevadas figuraron las impuestas al abogado Santiago Graffigna, condenado a siete años y ocho meses de prisión; su exsocio Horacio Alday, con seis años; el exjuez civil Carlos Macchi, con seis años y dos meses; y el exfiscal de Estado Mario Díaz, con seis años. También recibieron condenas el exfuncionario Néstor Ruiz, la perito Ana María Melvin, los peritos Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos, y el exintegrante del Tribunal de Tasaciones José Moreno.

Tras la presentación de los recursos de casación en agosto de 2025, la causa ingresó a la Corte de Justicia, donde volvió a repetirse un escenario de inhibiciones similar al registrado durante la investigación y antes del juicio oral.

Los ministros del máximo tribunal provincial fueron apartándose por distintos motivos, entre ellos actuaciones previas en el expediente, relaciones de amistad con algunos de los involucrados o intervenciones institucionales relacionadas con la investigación. Esa situación obligó a recurrir a sorteos para integrar una Sala especial, aunque el procedimiento volvió a quedar condicionado por nuevas excusaciones.

Ahora, todas las miradas están puestas en la designación del tercer integrante del tribunal que deberá resolver este primer conflicto procesal. Solo después de esa definición podrá comenzar a despejarse el camino para que la Justicia provincial avance sobre el fondo del caso y revise las condenas dictadas en una de las causas de mayor impacto institucional de los últimos años.