Se complica el exbrigadista por pasar información confidencial a barra de San Martín
Un exempleado judicial fue arrestado acusado de filtrar datos clave a una banda criminal de San Martín, en una causa que también investiga a policías por posible complicidad.
La Justicia provincial volvió a ocupar un lugar destacado luego de la detención de Diego Ruarte, un exbrigadista judicial que enfrentará tres meses de prisión preventiva en el marco de una investigación por filtración de información sensible a una organización delictiva conocida como La Banda del Pueblo Viejo, con sede en San Martín.
La medida fue ordenada por la jueza Flavia Allende, a pedido de la fiscal de la UFI Genérica, Daniela Pringles, quien lidera el proceso. Ruarte, que trabajó en áreas estratégicas como Delitos Contra la Propiedad y Unidad de Abordaje Territorial, habría utilizado su acceso a datos reservados —incluyendo ubicaciones de allanamientos, órdenes de captura, detalles de causas y pruebas— para pasarlos a Franco Ariel "El Chorico" González, miembro de la banda criminal, a cambio de dinero.
El expediente avanzó tras el hallazgo del teléfono celular de González, que fue recuperado tras ser arrojado a un canal seco. El análisis reveló una comunicación constante entre ambos desde agosto hasta el 19 de septiembre, momento en que Ruarte aún desempeñaba funciones en Delitos Contra la Propiedad. Para la fiscalía, estos datos explicarían la manera en que la banda esquivó procedimientos policiales y allanamientos.
En la audiencia, la fiscal Pringles destacó que Ruarte intentó contactar a su equipo para ofrecerles información y que borró su WhatsApp antes de entregar el celular a la Justicia. El imputado se abstuvo de declarar.
Además, la investigación alcanzó a dos efectivos policiales, quienes fueron apartados de sus tareas y se les incautó el teléfono para análisis forense, buscando determinar su posible participación en la filtración.
Desde la defensa, los abogados Roly Olivera y Marcelo Sandez negaron irregularidades, afirmando que no existen mensajes que prueben intercambio ilegal y que la comunicación estaría relacionada con labores de campo propias de la investigación.
Este proceso se enmarca en un prolongado conflicto entre dos grupos narcos de San Martín: Pueblo Viejo y La Nueva Generación. Varios miembros de Pueblo Viejo ya habían sido condenados, entre ellos:
- Franco Ariel "Chorico" González: 8 meses de prisión efectiva.
- Jonathan Mauricio González: 6 meses de prisión por acuerdo.
- Marcelo Gerardo González Pereyra, "Puchi": probation.
- Fernando Nicolás Moya: probation.
- Iván Andrés Dávila Yafar: 1 año de prisión, unificada con otra pena de 3 años.
- Facundo Ezequiel Asís Guevara: 6 meses condicionales.
- Facundo Agustín Marcoleta Rodríguez: 6 meses de prisión efectiva.
Con esta ampliación del caso, el expediente toma un giro significativo, buscando esclarecer hasta qué punto la estructura estatal fue usada para proteger a la banda criminal que durante años disputó territorio y poder en la región de San Martín.
