El futuro judicial del Gran Tulum se definirá en los próximos meses

La investigación judicial que involucra al Acueducto Gran Tulum tendrá varios meses más de actividad. La resolución adoptada por el fuero de Garantías permitió al equipo fiscal continuar con una serie de diligencias destinadas a profundizar el análisis de la documentación reunida hasta el momento y completar distintas medidas pendientes.

La decisión implica que el expediente permanecerá en etapa preliminar hasta principios de noviembre, período durante el cual los investigadores procurarán determinar si las actuaciones administrativas relacionadas con la obra pública presentan irregularidades que puedan tener relevancia penal.

Fuentes vinculadas al proceso señalaron que el eje central del trabajo fiscal está puesto actualmente en reconstruir el circuito administrativo que acompañó el desarrollo del proyecto. En ese marco, se analizan expedientes, resoluciones, mecanismos de contratación, procedimientos licitatorios, controles internos y antecedentes vinculados a la ejecución de una de las obras de infraestructura más importantes de los últimos años en la provincia.

Desde la Fiscalía remarcaron que el objeto de análisis no está enfocado, por ahora, en cuestiones técnicas vinculadas a los materiales utilizados en la construcción. La prioridad pasa por establecer si durante las distintas etapas de gestión se cumplieron los procedimientos previstos por la normativa vigente y si existieron decisiones que ameriten una investigación penal más profunda.

La ampliación de los plazos fue concedida luego de una audiencia en la que también se abordaron cuestiones procesales relacionadas con la participación de representantes legales interesados en seguir de cerca la evolución de la causa. Tras cumplirse las formalidades correspondientes, la magistrada resolvió hacer lugar al pedido formulado por los fiscales a cargo del expediente.

La nueva etapa será determinante para el futuro del proceso. Durante estos meses continuarán incorporándose informes, documentación oficial y eventuales testimonios que permitan completar el panorama sobre cómo se administró el proyecto desde su planificación hasta su ejecución.

De acuerdo con lo manifestado en la audiencia, esta extensión constituye la última posibilidad de prórroga dentro de la fase preparatoria. Por ello, al concluir el plazo otorgado, los investigadores deberán adoptar una definición concreta sobre el rumbo del expediente.

Entre las alternativas que maneja el Ministerio Público se encuentran avanzar hacia una formalización de la investigación respecto de posibles responsables, solicitar el archivo de las actuaciones o promover alguna otra salida procesal prevista por la legislación vigente.

El caso ha generado especial atención debido a la magnitud económica y estratégica del Acueducto Gran Tulum, una obra concebida para fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable en distintos departamentos de San Juan y considerada clave para acompañar el crecimiento demográfico y productivo de la provincia.

En ámbitos judiciales destacan que una eventual conclusión de inexistencia de delito no necesariamente cerraría otros caminos de revisión. Si en el futuro surgieran cuestionamientos vinculados al cumplimiento de especificaciones técnicas o contractuales, esos planteos podrían canalizarse por otras vías judiciales o administrativas ajenas al proceso penal actualmente en trámite.

Mientras tanto, la investigación continuará concentrada en el análisis de expedientes, contratos y actos administrativos. El objetivo es determinar si las decisiones adoptadas durante el desarrollo de la obra se ajustaron a derecho o si existen elementos suficientes para avanzar hacia una instancia procesal superior.

Con el nuevo plazo concedido, todas las miradas estarán puestas en las conclusiones que logren reunir los fiscales durante los próximos meses, en una causa que todavía se encuentra lejos de una definición definitiva.