Investigación por distribución de mercadería incautada en la Aduana y su vinculación con fundaciones cercanas a Karina Milei

En el centro de la atención política y administrativa del gobierno nacional se encuentra la distribución de mercadería incautada en la Aduana bajo la gestión de la Secretaría General de la Presidencia encabezada por Karina Milei. Esta práctica, regulada para situaciones de emergencia social, ha generado preocupación debido a la entrega de bienes a fundaciones y organizaciones relacionadas con dirigentes libertarios.

La legislación vigente habilita a esta Secretaría a disponer de rezagos aduaneros, entendidos como mercaderías incautadas que el gobierno puede asignar discrecionalmente. La responsabilidad directa de esta distribución recae en Lule Menem, figura señalada en investigaciones por supuestas irregularidades vinculadas a coimas en el área de Discapacidad.

La mercadería entregada incluye artículos diversos como zapatillas, prendas de vestir, teléfonos celulares y repuestos de aeronaves. Estas donaciones fueron dirigidas tanto a organismos estatales como a ONGs con vínculos declarados al sector libertario.

Un caso emblemático corresponde a Mauricio Davico, exintegrante del grupo musical Ráfaga y relacionado con Martín Menem, quien recibió 12 entregas destinadas a la ciudad de Gualeguaychú, donde cumple funciones de gobierno local. Asimismo, el Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil, asociado a Patricia Bullrich, recibió más de tres mil artículos de primera necesidad como parte de estas transferencias.

Sin embargo, uno de los episodios que más ha llamado la atención es el vinculado a la provincia de Corrientes. La Fundación Gea-Madre Tierra, Mitología Griega, creada en agosto de 2023 y encabezada inicialmente por la esposa del diputado Lisandro Almirón, recibió varias transferencias de rezagos, incluyendo repuestos aeronáuticos. Esta organización no presenta actividades benéficas tradicionales, enfocándose más bien en difusión política a través de charlas y talleres, lo que cuestiona la naturaleza de las donaciones recibidas.

En mayo de 2024, la Secretaría General envió a esta fundación una amplia variedad de bienes, desde repuestos aeronáuticos hasta 14 aires acondicionados y más de 21 mil artículos electrónicos, asunto que genera interrogantes sobre la adecuación y transparencia en el manejo de estos recursos.

Este escenario complejiza la posición del gobierno y del sector libertario, exponiendo posibles riesgos legales y daños reputacionales que podrían repercutir en la figura de Karina Milei y sus correlatos políticos. La confluencia entre disposiciones legales, decisiones administrativas discrecionales y el perfil político de las organizaciones receptoras invita a un análisis profundo sobre los mecanismos de control y rendición de cuentas en la administración pública.

Es imprescindible observar cómo evoluciona esta situación en el ámbito judicial y político, especialmente ante las próximas definiciones electorales y la necesidad de mantener estándares de transparencia y legalidad en el manejo de bienes públicos. Desde una perspectiva estratégica, el gobierno deberá responder con mayor claridad y rigor para mitigar posibles impactos negativos y preservar en forma efectiva su capital político y administrativo.