"Necesitamos respuestas, somos 200 familias": aparecen más pasacalles contra Denise Robles Bonade

La situación en San Juan se torna cada vez más compleja en relación con las acusaciones de estafa inmobiliaria que involucran a la empresaria María Denise Robles Bonade y a su presunto socio Rubén Martín González. Este miércoles, la aparición de nuevos pasacalles en distintos puntos de la ciudad ha evidenciado la creciente indignación de aproximadamente 200 familias afectadas por lo que consideran maniobras fraudulentas que les han dejado sin vivienda y con deudas significativas.

Los carteles, visibles en lugares estratégicos como Libertador y Urquiza, Ignacio de la Roza y Las Heras, y Libertador y Pueyrredón, exigen respuestas contundentes y directas. En uno de ellos se puede leer: "NECESITAMOS RESPUESTAS, SOMOS 200 FAMILIAS SIN NUESTROS INMUEBLES. Rubén Martín y Denisse R. Bonade. Estafadores". Otro mensaje más contundente reitera: "Estafadores, delincuentes, ¿quién los cubre?". Esta manifestación pública se suma a un pasacalle anterior que ya había sido colocado, lo que refleja la persistencia de los reclamos de los damnificados.

En el ámbito judicial, Robles Bonade enfrenta un total de 59 denuncias por Defraudación por Fraude, 6 por Desbaratamiento de Derechos Adquiridos y 1 por Estelionato. Por su parte, González está acusado de 53 hechos de Defraudación y 8 por Desbaratamiento de Derechos. A pesar de las acusaciones, González ha negado cualquier vínculo sentimental con Robles Bonade, alegando haber sido víctima de un engaño.

Una de las denuncias más impactantes proviene de la familia Aubone, que sostiene haber sido defraudada por un monto superior a 37 millones de pesos. De acuerdo con su presentación judicial, la familia firmó un contrato para la adquisición de un departamento en calle Entre Ríos, en Concepción, entregando además un vehículo 0 km valorado en $26 millones, $6 millones en efectivo y comprometiéndose a pagar siete cuotas de $500.000.

A pesar de la gravedad de las acusaciones que pesan sobre ambos imputados, la fiscalía ha decidido otorgarles prisión domiciliaria por un período de tres meses, permitiéndoles continuar el proceso judicial desde sus respectivos hogares, lo que ha generado aún más controversia en torno a la gestión de este caso.

En conclusión, la situación actual refleja no solo un desafío para las familias afectadas, sino también un llamado a la reflexión sobre la regulación del sector inmobiliario y la protección de los derechos de los consumidores. La comunidad espera respuestas claras y acciones efectivas que permitan restablecer la confianza en el mercado inmobiliario local.