Buscan que los responsables de las falsas amenazas de bomba paguen los costos del operativo
El gasto por cada falsa alarma supera los 3 millones de pesos y podría ser reclamado judicialmente a los autores o a sus padres. Además, la Policía y el Ministerio de Educación lanzan una campaña de concientización en las primarias de San Juan.
Ante la reiteración de amenazas de bomba en instituciones públicas y escuelas de San Juan, el Ministerio de Seguridad provincial, en conjunto con el Ministerio de Educación, iniciará una serie de charlas preventivas en escuelas primarias. El objetivo es generar conciencia sobre la gravedad de estas acciones, pero también advertir sobre sus consecuencias: quienes realicen estas amenazas podrían tener que afrontar los millonarios costos del operativo.
En lo que va del mes, ya se registraron cinco casos. "Toda la comunidad se entera inmediatamente porque estos hechos se publican y, al intervenir el Ministerio Público Fiscal, pasan a ser de carácter público", explicó el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, en diálogo con Radio Sarmiento.
Según estimaciones oficiales, cada amenaza falsa genera un gasto operativo que supera los 3 millones de pesos. El despliegue incluye evacuación de edificios, presencia de personal especializado, movilización de patrulleros y pérdida de jornadas laborales. "Ese monto lo vamos a reajustar, pero ya estamos trabajando para definirlo con precisión", aseguró Delgado.
Una de las medidas más firmes será el intento de recuperar ese gasto mediante acciones judiciales o administrativas. "Se va a buscar el procedimiento más rápido y eficaz para proceder a su recuperación. Si el responsable es menor de edad, el costo lo asumirán los padres. Es decir, que el padre tendría que pagar la broma de su hijo", explicó el funcionario.
En paralelo, Delgado señaló que la legislación vigente limita la posibilidad de sancionar con mayor dureza. "La facultad para establecer una pena más severa no es de la provincia. Es un delito contemplado en el Código Penal, y modificarlo es competencia del Congreso de la Nación", aclaró. Sin embargo, adelantó que se apoyará un proyecto para modificar la ley penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
Las charlas comenzarán la semana próxima, priorizando aquellas escuelas donde ya se registraron amenazas. Estarán a cargo de personal policial y de Educación, y buscarán no solo informar sobre el funcionamiento del protocolo, sino también remarcar el rol de la Policía en la sociedad. "Lo primero es que vean que la Policía cumple un rol fundamental en el mantenimiento del orden público", señaló Delgado.
El episodio más complejo hasta el momento fue el del Hospital Rawson, donde la amenaza obligó a evacuar sectores sensibles y movilizó a una gran cantidad de recursos. "Fue el más grave por la logística que implicó, más allá del temor que generó en la comunidad", concluyó Delgado.
La campaña apunta a "ir a la raíz" del problema: que los chicos comprendan desde edades tempranas que este tipo de actos no son un juego y tienen consecuencias serias, tanto legales como económicas.
