El Gobierno prohíbe el traslado de presos que cambien de género
De esta manera, el registro será determinado por el sexo que la persona registre al momento de cometer el delito.
En el marco de su política "antiwoke", el Gobierno de Javier Milei oficializó una nueva resolución que establece que el alojamiento de los detenidos en establecimientos carcelarios deberá basarse en el sexo registrado en el momento de cometer el delito. La medida busca evitar que los reclusos que hayan modificado su identidad de género posterior a su detención, a través de la Ley de Identidad de Género N° 26.743, puedan solicitar un traslado de cárcel por motivos relacionados con el cambio de género.
La decisión fue adelantada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa realizada el miércoles. Al día siguiente, la normativa quedó oficialmente establecida con la publicación del Decreto 61/2025 en el Boletín Oficial.
En su intervención, Adorni explicó: "El Presidente de la Nación ha determinado que el lugar de alojamiento de los detenidos será fijado según el sexo registrado al momento de cometer el delito, con el fin de evitar que alguien se aproveche del cambio de género para pedir el traslado a un establecimiento penitenciario distinto".
El decreto, firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), dispone que la administración penitenciaria determine el lugar de detención de acuerdo con el sexo registrado al momento del hecho delictivo, tal como lo establece la Ley N° 26.743. Asimismo, prohíbe el alojamiento de personas que hayan realizado un cambio registral de sexo en establecimientos penitenciarios para mujeres, en ciertos casos.
Las excepciones a esta norma se aplican en situaciones como delitos cometidos con violencia hacia una mujer o cuando una evaluación técnica determine que el traslado de un recluso pueda poner en riesgo la seguridad, integridad física o moral de otros internos. Además, el decreto establece que cualquier solicitud de reubicación de personas que hayan iniciado el procedimiento de rectificación registral después de su detención será rechazada.
El decreto también insta a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a esta nueva normativa, que ya se encuentra vigente tras su publicación en el Boletín Oficial.
