El Gobierno tilda de "política" la marcha LGBT del próximo sábado
La Casa Rosada celebra que dirigentes de la oposición vayan a la movilización para que "quede claro quién está en cada bando".
Desde el Ejecutivo aseguran que la movilización LGBT convocada para el sábado tiene un fuerte contenido político y que servirá para polarizar el debate público. En la Casa Rosada destacan la participación de dirigentes opositores en la marcha y consideran que la manifestación "agrupa a todos los sectores que están en contra de la gestión actual".
El oficialismo busca instalar la discusión sobre diversidad y políticas sociales como parte de su estrategia para 2025, con la intención de consolidar su electorado de cara a las elecciones legislativas. En línea con el discurso de Javier Milei en el Foro de Davos, la mesa política del Gobierno respalda una agenda que apunta a confrontar con la ONU y la agenda 2030, además de fortalecer lazos con países como Estados Unidos, Israel e Italia en la construcción de una alianza conservadora.
Como parte de este plan, el Gobierno trabaja en un paquete legislativo para derogar normativas vinculadas a la diversidad y la inclusión, con el argumento de eliminar la "discriminación positiva sobre minorías". La encargada de impulsar el proyecto es la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal, bajo la supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo.
Entre los puntos clave de la iniciativa se encuentra la eliminación del cupo laboral trans, establecido por la Ley 27.636, que obliga al Estado a destinar al menos el 1% de su plantilla a personas travestis, transexuales y transgénero. También se busca derogar la Ley de Paridad de Género (27.412), que garantiza la representación equitativa de hombres y mujeres en las listas electorales.
Otro de los cambios que impulsa el oficialismo es la eliminación de la figura de femicidio del Código Penal, argumentando que "no hay diferencia entre el homicidio de un hombre y el de una mujer". En la misma línea, el Gobierno plantea derogar la Ley Micaela (27.499), que establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para funcionarios de los tres poderes del Estado. Según fuentes oficiales, estas normativas "imponen soluciones que no abordan el problema de fondo".
