Nueva junta médica para joven acusado de distribuir videos de abuso infantil
El joven, de 21 años e hijo de un abogado y una bioquímica, había distribuido videos explícitos a través de WhatsApp a 17 personas.
El proceso judicial contra un joven sanjuanino acusado de distribuir material de abuso sexual infantil sigue empantanado en medio de disputas legales. La defensa oficial insiste en declararlo inimputable debido a problemas de salud mental, mientras que la fiscalía sostiene que es plenamente consciente de sus actos y puede enfrentar el proceso penal.
El caso comenzó a fines de julio o agosto, cuando la UFI de Delitos Informáticos y Estafas detectó que el joven, de 21 años e hijo de un abogado y una bioquímica, había distribuido videos explícitos a través de WhatsApp a 17 personas. Además, habría compartido otro video similar con un contacto adicional. Según los investigadores, las características del caso sugieren que el imputado comprendía la gravedad de sus acciones.
El fiscal Eduardo Gallastegui solicitó imputarlo formalmente por distribución de pornografía infantil, pero la defensa se opuso desde el inicio, argumentando que el joven padece problemas mentales que lo harían inimputable. Desde entonces, la audiencia de formalización se ha postergado en múltiples ocasiones por diversas objeciones de la defensa.
Prisión domiciliaria y evaluaciones médicas
El acusado lleva cinco meses en prisión domiciliaria mientras se realizan evaluaciones médicas para determinar si está en condiciones de enfrentar el proceso penal. Una junta médica inicial dictaminó que, aunque presenta un leve retraso madurativo y cursa el nivel secundario en una escuela para adultos, tiene capacidad para comprender sus actos. Sin embargo, la defensa sostiene lo contrario y cuestiona las conclusiones de los expertos.
El último martes se llevó a cabo una audiencia en la que las partes volvieron a enfrentarse. Ante la falta de consenso, la jueza María Carolina Parra ordenó una nueva junta médica y postergó la próxima audiencia para este viernes.
El caso ha generado críticas debido al tratamiento diferenciado hacia el imputado, cuya identidad e imagen están protegidas por orden judicial, algo que no sucede en otros procesos similares. Pese a provenir de una familia adinerada, la defensa oficial fue asumida por el Ministerio Público de la Defensa.
Mientras se aguarda la nueva evaluación médica, el joven permanece en su domicilio, y la resolución de su situación procesal continúa sin definirse, dejando a las víctimas de este tipo de delitos y a la sociedad en general a la espera de una justicia más clara y ágil.
