La causa del Acueducto Gran Tulum: ¿en qué punto está la investigación judicial?
La investigación judicial por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum continúa sin imputados y podría extenderse otros 90 días. La Justicia analiza posibles fallas en los materiales utilizados, irregularidades en la licitación y un informe técnico que advierte sobre el uso de cañerías no aptas para agua potable.
La investigación judicial por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum continúa sin imputados y podría extenderse otros 90 días. La Justicia analiza posibles fallas en los materiales utilizados, irregularidades en la licitación y un informe técnico que advierte sobre el uso de cañerías no aptas para agua potable.
La investigación judicial por las presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum qué comenzó la construcción en el gobierno del actual senador de UP, Sergio Uñac, continúa en etapa preliminar de investigación penal preparatoria, sin imputados formales hasta el momento. La causa, que analiza posibles fallas en la calidad de los materiales y maniobras irregulares en la licitación de una de las obras hídricas más importantes de San Juan, lleva aproximadamente cinco meses de investigación activa. El 30 de mayo vencen los plazos para determinar si sigue la causa con una prórroga en la investigación. De hecho, el fiscal de Estado aseguró a este medio que aún no se hacía la prórroga formal pero que seguramente esto ocurriría.
Origen y cronología de la causa
La causa se originó en diciembre de 2025, cuando el fiscal Sebastián Gómez ordenó formalmente el inicio del expediente tras una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, basada en notas periodísticas que señalaban irregularidades sin identificar responsables específicos. El proceso investigativo tiene un plazo inicial de 90 días hábiles, que puede extenderse por otros 90 días adicionales si las tareas lo requieren.
En marzo de 2026, la Fiscalía realizó una inspección ocular en distintos puntos del trazado del acueducto para verificar en terreno el estado de los trabajos y relevar información. El procedimiento se llevó a cabo el 10 de marzo y consistió en un recorrido por varios sectores del sistema hídrico.
El informe técnico que encendió la alarma
El escándalo sumó un elemento central en marzo de 2026: un informe técnico solicitado por OSSE que advierte que las tuberías instaladas no son aptas para agua potable y podrían ser tóxicas. El informe solicitado por OSSE y realizado por la Consultora Interacción (certificado a través de Bureau Veritas)
Según el documento, los caños aplican para desagües pluviales y cloacales, por lo que no cumplen los estándares requeridos para un acueducto de agua potable y comprometen una obra millonaria. Además, el informe señala una posible toxicidad del material, lo que representaría un riesgo para la salud pública.
La Fiscalía analiza este informe como una posible prueba, aunque el fiscal Sebastián Gómez aclaró que falta una pericia técnica judicial que confirme oficialmente estos hallazgos, ya que el informe es de parte y no oficial de la Justicia.
Situación actual de la causa (mayo de 2026)
Según información confiable, la causa podría extenderse 90 días más debido a la complejidad de la investigación. Los puntos clave del estado actual son los siguientes:
En primer lugar, no hay imputados: hasta el momento no existe ninguna persona formalmente imputada en el expediente. La investigación se mantuvo general y no se centra en una persona en particular.
En segundo lugar, la investigación es generalizada: la fiscalía investiga todos los aspectos vinculados a la obra y a quienes hayan participado en su ejecución.
En tercer lugar, la Fiscalía de Estado será querellante: el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, confirmó que el Gobierno provincial se constituirá como parte querellante y solicitará pericias técnicas sobre los materiales. Se pidió informativa a directivos de OSSE, al Ministerio de Infraestructura y al Ministerio de Economía sobre las circunstancias de la licitación.
Posibles acciones futuras
Entre las posibles acciones se encuentra incluso desenterrar cañerías ya colocadas para verificar su estado o el tipo de materiales utilizados. La fiscalía podrá solicitar pericias de los caños para determinar su estado real.
Al finalizar el período de investigación, que podría extenderse hasta 180 días en total- 90 días más a partir del 30 de mayo-, la fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para acreditar la posible comisión de un delito y la participación de responsables. Esto permitiría formalizar imputaciones o, en su defecto, desestimar la denuncia.
Importancia de la obra
El Acueducto Gran Tulum es una de las obras hídricas más importantes proyectadas para San Juan, considerada clave para el abastecimiento de agua potable en la provincia. La investigación busca establecer si existieron fallas estructurales, problemas en la calidad de los materiales o irregularidades durante el proceso de ejecución del proyecto.