El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dejó sin efecto la adjudicación de 8 viviendas sociales en San Juan a beneficiarios que no cumplieron con las normas de uso. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y alcanzó adjudicaciones en venta, asistencias financieras, autorizaciones para habitar, comodatos y actas de tenencia precaria. Las casas recuperadas serán reparadas y luego se incorporarán a próximos sorteos públicos para familias que esperan acceder a una vivienda.
Las unidades dadas de baja están distribuidas en distintos puntos de la provincia. Hay viviendas en el departamento Albardón, en el Conjunto 1, y en Caucete, en el Área III Sector I. También figuran inmuebles en los barrios Ceramista II, SUTIAGYF, Amecom 4, Virgen del Socorro, Lozano y 7 de Septiembre IV.
La medida se enmarca en una política del IPV orientada a frenar la ocupación irregular de casas estatales en un contexto de alta demanda habitacional. Según el organismo, un equipo técnico procesa más de 400 denuncias por presuntas irregularidades y la actuación se apoya en la Ley Provincial N° 196-A, que regula la entrega, ocupación, conservación y pago de viviendas del Estado. En paralelo, el organismo informó que existen unos 90 expedientes con revocación en primera instancia y que la morosidad llega al 60 por ciento.
Motivos previstos por la ley
La normativa vigente establece las causales por las que el Estado puede recuperar una vivienda. Entre ellas figuran el abandono o la falta de residencia efectiva en los plazos fijados por la ley, la acumulación de tres o más cuotas impagas consecutivas y el uso del inmueble para una actividad comercial en lugar de la vivienda efectiva. También puede perderse el beneficio si la casa se alquila, se vende o se cede a terceros sin autorización del organismo.
Otra causal prevista es la falsedad u ocultamiento de datos en la declaración jurada inicial, así como el cambio en la composición del grupo familiar sin la notificación correspondiente. En todos los casos, la revocación apunta a preservar el criterio de asignación del sistema provincial de viviendas, en el que el incumplimiento de un adjudicatario habilita la reasignación a otra familia inscripta.
Trámite administrativo
El proceso comienza cuando el IPV toma conocimiento de una posible irregularidad por una denuncia o por una inspección. Luego se revisan los antecedentes del expediente, se verifica el estado de cuenta y trabajadores sociales concurren al domicilio para constatar la situación en el lugar. Si la irregularidad se confirma, el área legal eleva un informe y el organismo dicta la resolución de revocación, que se notifica de manera oficial al titular.
Desde esa notificación, la persona tiene diez días hábiles para presentar su descargo, apelar la decisión o renunciar a la vivienda. Si hay apelación, el expediente pasa por la Asesoría Letrada del IPV, luego por la del ministerio correspondiente y finalmente por Casa de Gobierno. Una vez firme la resolución, el Estado toma posesión del inmueble, lo repara si registra daños por abandono o vandalismo y lo vuelve a incorporar a los próximos sorteos públicos.
