El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y el Centro Veterano Ex Combatiente Islas Malvinas Berisso (CEVECIM) impulsan un proyecto de Ley de Políticas Soberanas para proteger los recursos naturales del Atlántico Sur frente a la ocupación británica. La iniciativa fue presentada ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales de la Cámara de Diputados, presidida por Aldo Leiva. Según el texto, el proyecto ingresará a la Cámara Baja del Congreso el próximo martes.
La propuesta busca establecer un régimen específico para el resguardo de los recursos naturales del Atlántico Sur. De acuerdo con sus fundamentos, parte de la premisa de que la explotación pesquera e hidrocarburífera en las islas contribuye al sostenimiento económico de la administración británica. En ese marco, la iniciativa apunta a fijar un esquema legal para desactivar cualquier autorización emitida por ese régimen sobre las áreas reclamadas por la Argentina.
Nulidad y prohibiciones Entre las medidas centrales, el texto declara la nulidad de los actos administrativos, concesiones, permisos y licencias otorgados por el régimen británico en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. También prohíbe desarrollar actividades comerciales, industriales, extractivas, financieras o turísticas en esas áreas sin autorización expresa del Gobierno argentino. El alcance de esa prohibición se extiende a toda operatoria que, según la iniciativa, se vincule con la ocupación o con la explotación de recursos en esos territorios.
Decomiso e inhabilitación El proyecto además establece el decomiso de buques, aeronaves, instalaciones, equipamiento y otros bienes utilizados en infracción. A la vez, crea un Registro Público de Infractores y dispone una inhabilitación de 20 años para quienes operen en Malvinas con licencias británicas. Durante ese período, esas personas o empresas no podrían operar, licitar, contratar ni poseer activos en el territorio continental argentino. La medida busca extender las consecuencias administrativas y patrimoniales a quienes participen de esas actividades.
Régimen penal Uno de los puntos más severos está en el capítulo penal. La propuesta contempla penas de hasta 20 años de prisión para directivos, accionistas y financistas de empresas que exploten, almacenen o transporten recursos naturales renovables o no renovables en el Mar Argentino y en los territorios que el texto considera usurpados por el Reino Unido. También alcanza a quienes presten servicios de logística o soporte cuando faciliten, de manera directa o indirecta, la continuidad de la ocupación o de la explotación de los recursos. Además, se habilita el juicio en ausencia para responsables de empresas extranjeras que permanezcan fuera del país y eviten comparecer ante la Justicia argentina.
Acuerdo de 2024 El proyecto también propone dejar sin efecto el acuerdo alcanzado en septiembre de 2024 entre la entonces canciller argentina Diana Mondino y el entonces secretario de Relaciones Exteriores británico David Lammy. Ese punto incorpora una dimensión diplomática al texto y lo conecta con antecedentes recientes de la política exterior argentina sobre la cuestión Malvinas. El próximo paso formal será su ingreso a la Cámara Baja, donde deberá iniciar el trámite legislativo.
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