Legisladores de Unión por la Patria presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por presuntas irregularidades en el proceso de privatización de empresas públicas, en el marco de la apertura de ofertas por AySA. La presentación fue impulsada por integrantes de la comisión bicameral que debe controlar ese proceso y apunta a funcionarios del área encargada de las ventas. El planteo adquiere relevancia porque la licitación de la empresa de agua y cloacas del AMBA avanza en una etapa decisiva.
La denuncia fue firmada por las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano, y por los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich. Según el escrito, solicitaron que se investigue al titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), Diego Chaher, al presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, y a autoridades del BICE por “graves irregularidades en las privatizaciones de empresas públicas”. Los legisladores sostuvieron que se cambió el método de valuación, se declaró secreto el resultado de las tasaciones y se desplazó al Tribunal de Tasaciones, además de no informar a la comisión bicameral.
Oferta y valuación Este jueves se conocieron las ofertas por AySA y la más alta fue de US$340 millones, por debajo de los US$450 millones que inicialmente calculaba recaudar el Ministerio de Economía. Como la licitación salió sin base ni precio mínimo y las dos propuestas ya habían superado la etapa técnica, la definición queda atada exclusivamente al monto ofertado. Según lo informado, el consorcio Rowling es el que presentó la oferta más elevada. La diferencia entre la expectativa oficial y el monto ofertado es uno de los puntos que rodean la discusión legislativa y administrativa.
Cuestionamientos normativos En su presentación, los opositores señalaron que “en las condiciones actuales, en el marco de un proceso plagado de irregularidades y de vulneración flagrante de las facultades de control de la Comisión Bicameral que integramos, la empresa (AySA) será adjudicada sin que se conozca su tasación”. También afirmaron que “nadie por fuera de la ATEP y el Poder Ejecutivo sabrá si el Estado vendió por su justo valor”. Agregaron que el Poder Ejecutivo armó “norma por norma” un circuito que sacó la tasación de las empresas públicas del organismo legalmente competente, cambió el método de valuación y declaró secreto el resultado. En ese punto, sostuvieron que el Tribunal de Tasaciones respondió a empresas que pidieron tasación que sólo puede tasar bienes tangibles o empresas a partir de sus activos físicos, porque sus Normas Nacionales de Valuación no contemplan una norma para tasar intangibles con enfoque de ingresos.
Alcance del proceso Los legisladores también remarcaron que “ninguna norma de rango legal autoriza a mantener en secreto la tasación de una empresa pública en venta” y que las normas aplicables exigen publicidad. Además, citaron la Ley 23.696 y su artículo 14, que establece que la comisión bicameral debe ser informada permanentemente y “a su requerimiento” sobre toda circunstancia vinculada con las privatizaciones, con la documentación correspondiente. En paralelo con el caso de AySA, el Gobierno impulsa la privatización de ENARSA, Intercargo, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y YCRT. El curso de la denuncia ante la PIA y la definición final de la oferta por AySA quedan ahora como las variables a seguir.
