La minería metalífera sigue condicionada por un esquema normativo fragmentado en la Argentina, donde siete provincias mantienen leyes vigentes que prohíben total o parcialmente la actividad a cielo abierto o el uso de sustancias químicas clave para la lixiviación. El ordenamiento responde al artículo 124 de la Constitución Nacional, que asigna a las provincias el dominio originario de los minerales. Según los compendios normativos de la Secretaría de Minería de la Nación y los boletines oficiales provinciales, ese marco explica por qué la expansión del sector avanza de manera desigual entre jurisdicciones.
Las jurisdicciones alcanzadas Las provincias con restricciones vigentes son Chubut, Tucumán, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego, además de Mendoza, que conserva la ley 7.722. En Chubut, la Ley XVII Nº 68, ex Ley 5.001 de 2003, prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro. Tucumán sancionó en 2007 la Ley 7.879, que veta la actividad a cielo abierto y el uso de cianuro y mercurio; La Pampa aprobó ese mismo año la Ley 2.349, con una prohibición similar sobre sustancias químicas contaminantes en todas las etapas.
Otras restricciones provinciales Córdoba incorporó en 2008 la Ley 9.526, que veta la minería metalífera a cielo abierto y también la extracción de minerales nucleares como uranio y torio. San Luis sancionó ese año la Ley IX-0634, que impide el uso de sustancias químicas en procesos metalíferos obtenidos por cualquier método extractivo. Tierra del Fuego aprobó en 2011 la Ley 853, que prohíbe la actividad metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro, mercurio y otros tóxicos en la isla. El texto original también recuerda que Río Negro y La Rioja dictaron leyes prohibitivas en 2005 y 2007, pero luego fueron derogadas por sus respectivas legislaturas.
El caso mendocino Durante casi dos décadas, Mendoza fue el caso más visible de restricción a la minería en la cordillera. En diciembre de 2019, el intento de reforma de la Ley 7.722 a través de la Ley 9.209 derivó en protestas masivas y la norma original fue restituida diez días después. Desde entonces, la administración provincial buscó una vía institucional para habilitar proyectos sin modificar el texto legal. Esa estrategia se apoyó en dos ejes: procesos por flotación sin reactivos prohibidos y evaluación distrital con aval legislativo.
Evaluación y próximos pasos El esquema se implementó en el sur mendocino bajo el nombre Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), donde la Autoridad Ambiental Minera evalúa bloques de proyectos con una misma línea de base ambiental y luego los envía a la Legislatura para su ratificación por ley, como exige la 7.722. Según el texto original, ese mecanismo ya aprobó una primera tanda de 34 proyectos exploratorios y, en diciembre de 2025, la Legislatura ratificó otras 27 Declaraciones de Impacto Ambiental, con lo que el total llegó a 65 áreas habilitadas para explorar. Además, mediante la Ley 9.684, se sancionó la Declaración de Impacto Ambiental de explotación de PSJ Cobre Mendocino (ex San Jorge), en Uspallata, con una inversión proyectada superior a los u$s800 millones y adhesión al RIGI. Una tercera etapa, con otros 71 pedimentos, continúa en evaluación técnica.




