El Senado sesionará este jueves a las 11 con el proyecto de ley de Discapacidad como eje central de la agenda, en una instancia que cuenta con respaldo de todo el arco político. La iniciativa busca convertir en norma permanente los principales puntos de la emergencia que vence en diciembre. La discusión resulta relevante porque define la continuidad de prestaciones, reglas de financiamiento y mecanismos de control para el sistema.
Además del expediente sobre discapacidad, el temario incluye el tratamiento de los proyectos de adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, de Propiedad Privada para restablecer la ley de Tierras y de la ley Joaquín, entre otros asuntos. La agenda fue analizada este miércoles por la tarde en una reunión de Labor Parlamentaria realizada en el despacho de la presidenta del Senado, Victoria Villarruel. Ese encuentro suele ordenar el debate y fijar el alcance de los dictámenes que llegan al recinto.
Régimen permanente
El proyecto, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, replica en lo sustancial el esquema de beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. En ese marco, procura que las disposiciones tengan vigencia permanente y sean de orden público, es decir, de cumplimiento obligatorio más allá de los cambios de gobierno. El texto mantiene las prestaciones centrales que hoy dependen de la emergencia que caduca a fin de año.
Entre sus puntos principales, habilita la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. El beneficio alcanza a los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). También conserva el principio de nomenclador único, ratifica la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria vinculado al IPC y garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para quienes perciban la pensión.
Financiamiento y control
En materia presupuestaria, la iniciativa establece que la asignación del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. A la vez, crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo. Ese esquema apunta a reforzar controles administrativos sin alterar las prestaciones previstas.
Finalmente, y a pedido de los bloques aliados, se incorporó una cláusula transitoria que fija un cronograma para el pago de las compensaciones adeudadas a los prestadores. El texto también establece un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la norma, en caso de que obtenga sanción definitiva. Si el Senado aprueba el proyecto, el siguiente paso quedará en manos de la reglamentación y de la implementación administrativa de los cambios previstos.




