Un grupo de senadores peronistas, encabezados por Ana Marks, presentó un proyecto de resolución para que el Senado cite al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que expliquen el destino de los recursos del Sistema Vial Integrado y la subejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial.
La iniciativa fue acompañada por Juliana Di Tullio, Alicia Kirchner, Mariano Recalde, Martín Soria, Daniel Bensusán, Florencia López, Cristina López, Adán Bahl, Lucía Corpacci y Jorge Capitanich.
En los fundamentos, los legisladores advirtieron sobre el desvío de recursos destinados al sistema vial hacia inversiones financieras y cuestionaron los bajos niveles de ejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial, en un contexto de deterioro y abandono de las rutas nacionales.
También señalaron que los fondos provenientes de la tasa sobre los combustibles tienen afectación específica para el financiamiento de infraestructura vial, por lo que consideraron improcedente que parte de esos recursos haya sido orientada a operaciones financieras mientras persisten obras paralizadas y un marcado deterioro de la red vial.
Según precisaron, entre 2024 y los primeros meses de 2026 se recaudaron cientos de miles de millones de pesos a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, aunque la ejecución para obras viales fue sensiblemente menor. En particular, detallaron que durante los primeros cinco meses de 2026 se recaudaron $450.500 millones y sólo se ejecutaron $83.144 millones, lo que equivale al 18,5%.
Ana Marks sostuvo que recursos con destino específico fueron utilizados para inversiones financieras en lugar de garantizar el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial. En esa línea, afirmó que es urgente que el jefe de Gabinete y el ministro de Economía den explicaciones sobre el desvío de fondos que deberían destinarse al mantenimiento de las rutas nacionales.
La senadora también remarcó que el planteo adquiere especial relevancia para las provincias patagónicas, donde las rutas nacionales cumplen un papel estratégico para la comunicación, el transporte de la producción, el turismo y la integración territorial.
Finalmente, insistió en que el reclamo excede la discusión presupuestaria y que apunta a exigir transparencia sobre recursos con destino específico, además de defender una infraestructura vial que resulta clave para las provincias y sus comunidades.
