El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, confirmó que la Legislatura recibió un proyecto transitorio del Poder Judicial para regular la justicia penal juvenil y que la ley definitiva ingresará “en los próximos días”. También adelantó que habrá una sesión especial para tratar esa norma puente a comienzos de la próxima semana.
La definición llega después de la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, de la Ley Nacional 27.801, que fija en 14 años la edad desde la cual un adolescente puede ser juzgado penalmente. En San Juan, sin embargo, sigue vigente un sistema procesal anterior, la Ley Provincial 754-O, por lo que la Corte, el Gobierno y la Legislatura acordaron una regulación transitoria para evitar vacíos legales en las causas en trámite.
Según fuentes parlamentarias, la sesión especial para tratar esa norma transitoria sería el lunes 14 de septiembre a las 10. En paralelo, el proyecto definitivo continúa en elaboración y todavía no tiene fecha de ingreso formal a la Cámara. El esquema busca dar tiempo para analizar el texto de fondo antes de su tratamiento legislativo.
Marco de aplicación
Martín sostuvo que la puesta en marcha del nuevo régimen requiere coordinación entre los tres poderes del Estado. En ese sentido, señaló que el funcionamiento “necesita de un andamiaje mayúsculo” entre Justicia, Gobierno y Legislatura para que el sistema tenga capacidad de intervención y recuperación para los adolescentes involucrados en causas penales.
Consultado sobre las condiciones materiales para aplicar la reforma, el vicegobernador admitió que la provincia cuenta con estructura, pero que debe ser fortalecida. Mencionó como puntos centrales la infraestructura y la incorporación de personal, entre ellos jueces, fiscales y veedores. Ese diagnóstico aparece como una de las variables que condicionarán la implementación efectiva del nuevo esquema.
Qué prevé el texto transitorio
El proyecto que ya está en la Legislatura apunta a resolver causas de adolescentes sin necesidad de llegar siempre a juicio. Habilita la conciliación, es decir, un acuerdo entre el joven acusado y la víctima, para delitos contra la propiedad sin violencia grave, siempre que no superen penas de seis años y no involucren delitos contra la vida o la integridad sexual. Ese acuerdo deberá ser aprobado por el Juez Penal de Niñez y Adolescencia.
Además, contempla la reparación del daño económico en casos como lesiones leves, hurtos, robos simples o estafas, y la suspensión del juicio a prueba con reglas de conducta y seguimiento de equipos técnicos. También incorpora el juicio abreviado, entendido como un acuerdo escrito entre fiscalía, defensa y asesoría de niñez que evita el debate oral, para cualquier delito de acción pública. El próximo paso será el tratamiento en sesión especial y, luego, la definición del texto definitivo que reemplazará esta solución transitoria.
