Un informe de la Fundación Eforo disparó números que sirven para analizar el costo de la política en la Argentina. Debe quedar claro que para nada se cuestionan estos números ya que la movilización de una jornada electoral a lo largo del país, con el pago de logística, correo, seguridad, apertura de las escuelas, pago de fiscales y todo lo concerniente al día en que se vota implica un costo millonario. Si se toman en cuenta las elecciones de medio tiempo – o a legisladores nacionales- se invirtió en el país 468 083 millones de pesos. Para estos comicios nacionales habían habilitados en el país para ejercer su voto casi 36.5 millones de personas, de los cuales solo fue a votar el 67.85 por ciento, lo que implica que llegaron a las urnas 24.417.609 personas.
Si se toma el costo de los comicios y se divide por la cantidad real de personas que fueron a cumplir con el deber ciudadano, cada voto costó 19.169.89 pesos. Vale marcar que estas elecciones tuvieron la más baja participación desde 1983 con solo el 67.85%. Debe destacarse que generalmente los comicios intermedios tienen menos volumen de votantes, sin embargo, a los analistas preocupó sobremanera este nivel de notación.
A la hora de las comparaciones, el costo de una jornada electoral en la Argentina equivale a un poco más de dos coparticipaciones nacionales anuales para San Juan. Datos aportados extraoficialmente indican que la provincia recibe alrededor de 227.850 millones de pesos y el costo del día electoral es de 468038 millones de pesos.
Cuanto le cuesta al Estado y a los argentinos la vida institucional de los partidos políticos
Siempre siguiendo el informe de la Fundación Éforo, el gobierno nacional para el año pasado previó $354 millones que se destinan a la vida institucional de los partidos políticos. Entiéndase capacitación, formación, desenvolvimiento institucional, pago de energía entre otros aspectos. Esto monto es distribuido solo en las agrupaciones políticas que tienen sus papeles en regla, de acuerdo a lo que expresa la Cámara Electoral Nacional.
Si se tiene en cuenta los últimos comicios, tal como lo venimos reflejando en este análisis, tomando en número de electores efectivos – los que fueron a votar- y dividiendo esto por el monto dispuesto por el gobierno nacional para el funcionamiento de los partidos políticos, a todos los que votamos, nos cuesta esta actividad 14.50 pesos.
Al profundizar desde Éforo
El financiamiento de la política argentina presenta una paradoja que atraviesa los últimos años: el Estado continúa destinando importantes recursos a sostener el sistema electoral, pero cada vez menos dinero llega a los partidos políticos para financiar sus actividades ordinarias. Así lo señala el último informe ciudadano de la Fundación Éforo, que analiza el comportamiento del gasto público destinado a los partidos políticos y a la política nacional electoral (GPPyE) durante el período 2007-2026.
El trabajo, elaborado sobre la base de información del Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior y el INDEC, permite observar cómo evolucionaron los recursos públicos en términos reales, tomando como referencia valores constantes de 2025. La conclusión central es que el gasto electoral adquirió una estructura cada vez más rígida, con costos operativos que no disminuyen proporcionalmente cuando se reducen las instancias de votación.
Uno de los datos más significativos aparece al comparar las elecciones legislativas de 2009 con las de 2025. En aquel año, cuando todavía no se implementaban las PASO, el gasto público destinado a la política electoral fue de $296.967 millones. En 2025, con las primarias suspendidas y una sola jornada electoral, alcanzó los $468.083 millones. Esto representa un incremento real del 58% en comparación con las últimas legislativas realizadas sin primarias.
La comparación con 2021 también resulta reveladora. En ese año se financiaron dos instancias electorales, las PASO y las generales, mientras que en 2025 se realizó un único operativo. Sin embargo, el gasto total apenas descendió un 3%: pasó de los niveles de 2021 a $468.083 millones en 2025. La reducción de las jornadas electorales no tuvo, por lo tanto, un impacto significativo sobre el costo total del sistema.
El gasto histórico: las elecciones presidenciales marcan los máximos
La reconstrucción histórica de Éforo muestra que el calendario electoral es uno de los principales determinantes del gasto público. Los años electorales concentran las mayores erogaciones, aunque existen diferencias importantes según se trate de elecciones legislativas o presidenciales y, especialmente, por la realización de una segunda vuelta.
Los dos máximos de la serie corresponden a elecciones presidenciales con balotaje. En 2015, cuando se realizaron las PASO, las elecciones generales y la segunda vuelta entre Mauricio Macri y Daniel Scioli, el gasto llegó a $667.543 millones, equivalente al 0,08% del Producto Bruto Interno (PBI).
En 2023, con una secuencia electoral similar, que incluyó tres instancias nacionales, el desembolso alcanzó los $574.132 millones, equivalente al 0,07% del PBI.
El informe también identifica un nivel elevado en 2011, cuando el gasto llegó a $617.946 millones, pese a que no hubo balotaje. Se trata de una excepción que el propio estudio considera de difícil explicación.
En contraste, las elecciones presidenciales de 2019, que se resolvieron en primera vuelta, demandaron $445.012 millones. La diferencia permite observar el impacto económico que tiene la necesidad de organizar una segunda instancia electoral, que implica volver a desplegar recursos humanos, logísticos y operativos en todo el país.
La implementación de las PASO a partir de 2011 también modificó estructuralmente el costo de las elecciones. Antes de esa reforma, las presidenciales de 2007 habían demandado $284.500 millones y las legislativas de 2009, $296.967 millones, siempre expresados a precios constantes de 2025.
Desde 2011, el piso del gasto electoral pasó a ubicarse por encima de los $440.000 millones.
Menos dinero para el funcionamiento de los partidos
Mientras los costos de organización electoral mantienen una tendencia elevada, el financiamiento directo para el funcionamiento de las agrupaciones políticas registra un deterioro mucho más pronunciado.
El Fondo Partidario Permanente, que constituye uno de los principales instrumentos de financiamiento público de los partidos, pasó de representar $34.999 millones en 2015 a apenas $182 millones en 2024.
En 2025 alcanzó los $402 millones y para 2026 se previeron $354 millones, siempre en valores constantes de 2025.
La caída refleja un cambio profundo en la distribución de los recursos públicos destinados a la política. El Estado mantiene un importante esfuerzo presupuestario para garantizar la realización de elecciones, pero reduce progresivamente los fondos destinados a sostener la actividad institucional de los partidos durante los períodos no electorales.
Este fondo contempla recursos para el desenvolvimiento institucional, la capacitación de dirigentes y otras actividades permanentes de las agrupaciones.
De acuerdo con el informe, el financiamiento ordinario de los partidos representa actualmente menos del 0,1% del gasto público destinado a la política electoral.
La tendencia también se observa en los años sin elecciones nacionales. Durante 2024 y en el crédito inicial previsto para 2026, el gasto total se estabiliza alrededor de los $100.000 millones, equivalente al 0,01% del PBI. Buena parte de ese monto corresponde a las remuneraciones de la Justicia Nacional Electoral.
