Cristian Ritondo, acompañado por diputados del Pro, presentó un proyecto de ley para establecer en la Argentina un régimen legal de la electromovilidad. La iniciativa busca ordenar el sector con un marco regulatorio nacional que facilite la adopción de vehículos eléctricos y el desarrollo de infraestructura asociada.
El texto también lleva las firmas de María Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Martín Ardohain, Antonela Giampieri, Alejandro Finocchiaro, Fernando De Andreis y Emmanuel Bianchetti, y fue enviado a las comisiones de Energía y Combustibles, Transportes y Presupuesto y Hacienda. Entre sus ejes, incorpora estándares técnicos, expansión de la red de carga y un esquema de incentivos fiscales para promover inversiones privadas.
Uno de los puntos centrales es la imposición de obligaciones para la instalación de cargadores. En los edificios nuevos, el proyecto prevé la preinstalación eléctrica en la totalidad de las cocheras y la colocación efectiva de equipos en un porcentaje mínimo de los espacios. En los edificios existentes no residenciales, la adecuación deberá concretarse en plazos de hasta 24 meses desde la promulgación.
Las estaciones de servicio también quedan alcanzadas por la propuesta, ya que deberán incorporar cargadores eléctricos según su volumen de ventas de combustible, con exigencias que incluyen equipos de carga rápida de alta potencia. Además, se crea la figura del “servicio de carga de vehículos eléctricos” como actividad comercial independiente del sistema tradicional de distribución eléctrica, con posibilidad de cobro por consumo, tiempo o suscripción.
En materia fiscal, la iniciativa contempla la exención del Impuesto al Valor Agregado por cinco años para la compra e instalación de cargadores y para el propio servicio de carga, además de amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias para inversiones en infraestructura. También prevé créditos fiscales para usuarios particulares y beneficios aduaneros vinculados a la importación de equipos e insumos.
El proyecto fija como meta alcanzar al menos 2.500 puntos de carga públicos o semipúblicos para 2030, lograr que los vehículos eléctricos representen el 10% de las ventas de unidades nuevas en ese año y avanzar en la electrificación del transporte público urbano. A la vez, propone la creación de un Fondo Nacional de Electromovilidad y designa a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.
En los fundamentos, Ritondo sostiene que la transición hacia la movilidad eléctrica “es uno de los procesos de transformación estructural más profundos” de la economía actual y advierte que el mercado por sí solo no alcanza para desplegar la infraestructura necesaria. El texto toma como referencia experiencias de Noruega, la Unión Europea y Estados Unidos para respaldar la intervención estatal prevista.
La propuesta también reconoce limitaciones en la disponibilidad de insumos estratégicos y en el sistema energético local, aunque plantea que esos factores no deben frenar el avance de la electromovilidad. Con ese enfoque, el bloque Pro busca instalar un esquema integral de regulación y promoción para el transporte eléctrico en la Argentina.
