A meses de la entrada en vigencia de la Reforma Laboral en la Argentina, el balance en el ámbito judicial y en el mercado de trabajo dista de los propósitos proclamados durante su tramitación legislativa. De acuerdo con el análisis del abogado laboralista y ex Subsecretario de Trabajo de San Juan, Dr. Roberto Correa Sbry, la normativa no solo ha sido incapaz de alcanzar sus metas originarias, sino que generó un efecto paradojal marcado por el repunte de los juicios laborales y la expansión del empleo no registrado.
El diagnóstico central: Los tres objetivos incumplidos de la reforma
Al analizar la génesis de la reforma normativa, Correa Sbry precisó que el texto legal fue concebido bajo tres pilares discursivos y económicos bien definidos: la reducción de la litigiosidad, el combate contra la informalidad y la dinamización de la contratación formal mediante mayor flexibilidad. Sin embargo, al confrontar la ley con la práctica cotidiana en los tribunales y empresas, el especialista sostuvo que la efectividad de la norma ha sido nula en esos aspectos.
"La reforma nació fundamentalmente para combatir la informalidad, para combatir la litigiosidad laboral y para generar una flexibilidad en el mercado del trabajo. Hasta el momento no se han visto el cumplimiento de esos objetivos", aseveró Correa Sbry.
En lugar de incentivar la creación de puestos de trabajo genuinos con protección social, el abogado sanjuanino remarcó que el mercado laboral muestra un retroceso estructural. "No ha aumentado el empleo, no hay mayor empleo formal, se está incrementando el mercado informal", puntualizó el especialista, advirtiendo que los incentivos de la reforma han derivado en una precarización de las relaciones laborales.
Litigiosidad en crecimiento: el incremento del 20% en las demandas laborales
Uno de los datos más contundentes aportados por Correa Sbry se refiere al comportamiento de las mesas de entrada en los juzgados del trabajo. Pese a que la reforma buscaba "desalentar" o frenar la proliferación de demandas laborales mediante la modificación de reglas indemnizatorias y de encuadramiento, la conflictividad jurídica experimentó un marcado repunte.
Basándose en su labor profesional diaria y en la verificación directa con el personal judicial, el ex funcionario provincial reveló que las demandas se incrementaron de manera considerable en la comparación interanual. "Se ha incrementado en un 20% las demandas laborales en la misma época a una de un año para otro", afirmó Correa Sbry, calificando a dicho guarismo como un incremento sumamente elevado que refleja la falta de soluciones de fondo a las fricciones entre trabajadores y empleadores.
Este aumento en la judicialización responde, según su perspectiva, a fallos judiciales que declaran la inconstitucionalidad de diversos artículos de la reforma y a la falta de certezas que genera un marco que desprotege al trabajador, obligándolo a acudir a los tribunales para reclamar por sus derechos fundamentales.
De la flexibilidad a la precarización: pérdida de cobertura social y control estatal
El segundo objetivo incumplido —la reducción de la informalidad— muestra un deterioro acentuado. Correa Sbry advirtió que la norma facilitó modalidades de contratación que desdibujan la relación de dependencia, como ocurre con los contratos civiles y la facturación mediante monotributo en diversas actividades.
Esta flexibilización implica una quita directa de la red de protección laboral histórica. Al respecto, el letrado detalló los elementos que quedan excluidos del vínculo laboral tradicional: "Dejan de tener obra social, de tener el aporte jubilatorio, seguros de riesgo al trabajo, herramientas que están incluidas en lo que se conoce la relación de dependencia y que todo empleador está obligado a registrar a sus trabajadores".
Asimismo, el ex Subsecretario de Trabajo recordó que mientras en gestiones previas la tasa de informalidad pudo ubicarse entre el 30% y el 35% mediante inspecciones y sanciones graduadas, el escenario actual muestra estadísticas que superan el 40% de trabajo no registrado.
Correa Sbry concluyó que las políticas públicas actuales desarticularon los organismos e instrumentos de fiscalización: "No se ve una postura tendiente a la protección laboral ni a la mejora de las condiciones de trabajo, sino a un trabajo informal". En consecuencia, la flexibilización contractual lejos de reducir el pleito laboral, ha empujado a más trabajadores a la vulnerabilidad y a la posterior demanda judicial.
