Por Gustavo Martínez
Tal vez el acuerdo económico más importante vinculado al desarrollo del cobre tendrá sólo una semana (finde largo incluido) para ser analizado por los diputados sanjuaninos, quienes podrán evacuar dudas con la presencia de medio gabinete en la Legislatura antes de ser sometido a votación en el recinto en la novena sesión del jueves 20. Se trata del Acta Compromiso entre la Provincia y Vicuña Argentina, que establece un aporte de hasta US$250 millones para obras de infraestructura.
La cifra es considerable. Pero para entender el convenio no alcanza con mirar cuánto dinero aportará la compañía. También hay que analizar qué obligaciones asume Vicuña, cómo y cuándo desembolsará esos recursos y qué compromisos previos quedan reemplazados por el nuevo esquema.
LO QUE GANA SAN JUAN
El principal beneficio es concreto: un Aporte DIA Fijo de US$250 millones, disponible a partir del 20 de diciembre de 2026, destinado a financiar infraestructura.
Los recursos podrán aplicarse a un abanico amplio de inversiones: agua y saneamiento, caminos, energía, salud, educación, vivienda, infraestructura urbana y social y proyectos productivos, siempre dentro de los criterios establecidos por el acuerdo. O sea, amplio pero no de libre disponibilidad.
Esto permitiría adelantar obras que, de otro modo, deberían financiarse con recursos provinciales o nacionales. Aportará sin dudas a una reactivación importante en la economía local: la que genera la Obra Pública.
El esquema también busca darle previsibilidad al desarrollo de Vicuña, un proyecto de escala internacional que podría transformar la estructura económica y minera de San Juan.
Sin embargo, los 250 millones de dólares no son un cheque inmediato: Vicuña no entrega necesariamente US$250 millones de una sola vez al Gobierno provincial. El mecanismo previsto establece desembolsos vinculados al avance y certificación de las obras.
Por eso, una pregunta central en Diputados será cuál es el cronograma real de ejecución y desembolso.
¿QUÉ RECIBE VICUÑA?
Obviamente, el convenio también tiene beneficios importantes para la empresa.
El Aporte DIA Fijo busca ordenar y sustituir determinadas obligaciones económicas y de infraestructura derivadas del régimen ambiental y de los compromisos asumidos para el proyecto. Esto le permite a Vicuña conocer anticipadamente una parte sustancial de sus obligaciones y reducir incertidumbre respecto de futuros requerimientos provinciales.
En otras palabras: San Juan obtiene infraestructura y Vicuña obtiene previsibilidad y un marco económico definido.
EL PUNTO MÁS DELICADO
La pregunta fundamental es si los US$250 millones representan un valor equivalente, superior o inferior a las obligaciones que Vicuña deja de tener que ejecutar individualmente bajo el nuevo esquema.
Ese cálculo será indispensable para evaluar económicamente el convenio.
También deberá determinarse hasta dónde llega el compromiso provincial de no imponer en el futuro aportes equivalentes o adicionales y durante cuánto tiempo tendrá efectos esa limitación.
¿QUIÉN DECIDE LAS OBRAS?
Los fondos serán canalizados mediante un fideicomiso. Por eso, el debate legislativo debería precisar quién seleccionará las obras, cuáles tendrán prioridad, cómo se licitarán, quién certificará sus avances y qué mecanismos de auditoría y publicidad permitirán conocer el destino de cada dólar.
No se trata solamente de cuánto aporta Vicuña. Se trata de establecer qué recibe San Juan, qué obligaciones resigna o sustituye y quién controla que el intercambio resulte conveniente para la Provincia. Veremos si esta vez hay un verdadero debate cuando el convenio llegue al recinto con dictamen de mayoría. ¿Y minoría?
