La diputada nacional Cecilia López Pasquali impulsó un proyecto de ley para establecer un sistema de verificación de identidad digital mediante validación biométrica en plataformas digitales y redes sociales, a través de un mecanismo administrado por el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
La iniciativa propone que toda persona que desee crear, activar o mantener una cuenta en redes sociales, sitios de comercio electrónico o aplicaciones de juegos que operen en la Argentina deba acreditar previamente su identidad mediante el Sistema de Identidad Digital (SID) del Renaper o el organismo que en el futuro lo reemplace. Según el texto, la validación se realizará bajo un criterio de “mínima intrusión”, con un esquema en el que las plataformas no podrán almacenar datos biométricos ni fotografías de los usuarios.
En cambio, las empresas recibirán únicamente una respuesta binaria de verificación, junto con información sobre la mayoría de edad y un identificador de trazabilidad encriptado. El proyecto sostiene que ese mecanismo busca compatibilizar el uso de perfiles digitales con la preservación de la identidad real detrás de cada cuenta. También prevé que se garantice el derecho a utilizar seudónimos, nombres artísticos, comerciales, avatares o identidades autopercibidas.
Protección de menores
Uno de los puntos centrales del proyecto apunta a la protección de niños, niñas y adolescentes. Para acceder a aplicaciones de apuestas o contenidos restringidos para mayores de 18 años será obligatoria la validación biométrica de la edad del usuario. Además, en las plataformas aptas para menores, la creación de cuentas requerirá una validación vinculada a los padres, tutores o representantes legales.
El texto establece que detrás de cada perfil deberá existir una identidad real validada y asociada a un código de trazabilidad reservado. Esa información solo podrá ser revelada ante un requerimiento judicial en el marco de una causa civil o penal. Asimismo, el proyecto dispone que, frente a investigaciones por estafas, fraudes, comercialización de bienes ilícitos o delitos cometidos a través de plataformas digitales, las empresas deberán suministrar a la Justicia la identidad real vinculada a la cuenta denunciada.
