La jefa de bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, junto con las presidentas de las comisiones de Salud, Ivanna Arrascaeta, y de Legislación General, Nadia Márquez, presentó cambios al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental. Según informaron en conferencia de prensa, este jueves el despacho pasará a la firma y la iniciativa será llevada al recinto el 22 de octubre. El avance legislativo se produce sobre la base de un texto que ingresó en abril pasado a Mesa de Entradas de la Cámara alta y que, de acuerdo con Bullrich, recibió más de 70 expositores.
La senadora puntualizó que el debate alcanza a personas con padecimientos de salud mental y a sus familias, y sostuvo que desde 2019 aumentaron un 77% las internaciones de adolescentes en esa problemática. Ese dato fue presentado como fundamento del cambio normativo, en un contexto en el que el oficialismo busca reunir consenso para acelerar el tratamiento. Arrascaeta, por su parte, describió el dictamen como “una vanguardia post-pandemia”, en referencia al período posterior a la emergencia sanitaria.
Intervención judicial Uno de los cambios centrales alcanza al esquema de intervención judicial sobre las internaciones voluntarias. Bullrich explicó que, con la reforma, esas órdenes pasarán a ser comunicadas y no autorizadas por un juez, aunque cada juzgado podrá pedir informes, disponer peritajes o dejar sin efecto una internación que considere injustificada. El punto modifica el alcance del control judicial previsto en el régimen vigente y redefine la relación entre el sistema de salud y el Poder Judicial.
Adicciones y vínculos El proyecto también incorpora la ludopatía al concepto de adicciones, es decir, al trastorno vinculado con el juego compulsivo. Además, reduce la referencia general a parientes y la limita a padres o hijos, aunque mantiene a representantes legales, cónyuges y convivientes. Esa precisión busca ordenar quiénes quedan alcanzados por las disposiciones de la norma en situaciones de internación o asistencia.
Recursos y teleconsultas Otro de los ejes expuestos fue la conformación de equipos interdisciplinarios con participación de profesionales. Bullrich afirmó que hay 100.000 psicólogos y poco más de 3.000 psiquiatras, una proporción que el oficialismo usó para justificar la incorporación de herramientas complementarias. En esa línea, Arrascaeta señaló que el proyecto prevé habilitar teleconsultas en los lugares donde no haya psiquiatras, una medida que quedaría atada a la disponibilidad territorial del sistema de salud. El próximo paso será la firma del despacho y, si se mantiene el cronograma anunciado, el debate en el recinto el 22 de octubre.
