El diputado nacional Néstor Pitrola, del Partido Obrero en el frente Izquierda, sostuvo que el endeudamiento de los hogares ya no debe leerse como un problema financiero aislado, sino como una crisis social de alcance masivo. En ese planteo responsabilizó al gobierno de Javier Milei y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por el marco que, según afirmó, favorece a bancos, financieras y prestamistas. La definición apunta a un fenómeno que, de acuerdo con su diagnóstico, afecta de manera directa a trabajadores y familias con ingresos deteriorados.
“Estamos ante una quiebra masiva de las familias trabajadoras, no ante una suma de malas decisiones individuales”, afirmó el legislador. La frase sintetiza el eje político de su intervención, centrada en desplazar la explicación desde el comportamiento individual hacia las condiciones de acceso al crédito y el nivel de ingresos. En ese marco, el diputado pidió que la discusión pública incorpore la magnitud social del endeudamiento y sus efectos sobre el consumo básico.
Datos citados por su equipo Según los datos citados por su equipo, en junio unas 20,4 millones de personas contaban con algún tipo de financiamiento y 5,3 millones registraban atrasos superiores a los 90 días, lo que representaría el 26,1% del total. Pitrola también afirmó que la morosidad entre proveedores no financieros alcanza al 31% del dinero prestado, un nivel que, según su exposición, duplica el registrado en el sistema bancario. Al atribuir esas cifras a su equipo, el diputado las ubicó como base de su crítica, aunque no precisó en la exposición pública la fuente primaria de esos registros.
Críticas al crédito informal El diputado también puso el foco en el endeudamiento informal y sostuvo que existirían alrededor de dos millones de personas que no pueden afrontar préstamos tomados con prestamistas particulares, cuevas financieras o usureros barriales. Señaló que esos recursos suelen destinarse a alimentos, alquiler, tarifas o a sostener una herramienta de trabajo como un auto. En términos económicos, ese tipo de financiamiento refleja un corrimiento desde el crédito formal hacia mecanismos de mayor costo y menor regulación.
Banco Central y CGT En sus críticas al Banco Central, Pitrola cuestionó las declaraciones de Santiago Bausili, quien según recordó había planteado que la relación entre prestamistas y tomadores de crédito constituye una “conversación entre privados”. El diputado sostuvo que el organismo monetario tiene responsabilidad directa por habilitar y supervisar esquemas de financiamiento con altos costos. En esa línea, denunció que el BCRA deja correr costos financieros superiores al 150%, de más del 200% en billeteras virtuales y de hasta el 1.300% en Mercado Pago, y mencionó la denuncia penal presentada por el legislador porteño Gabriel Solano contra el empresario Marcos Galperin.
Además, el dirigente de izquierda cuestionó la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central al sostener que habilita al Gobierno a utilizar reservas y tenencias de oro como garantía para nuevo endeudamiento con entidades financieras internacionales. “Para auxiliar a las familias endeudadas no hay intervención; para tomar nueva deuda y garantizar a los acreedores, ponen a disposición todos los activos del BCRA”, sostuvo. También apuntó contra la conducción de la CGT, a la que acusó de no impulsar una respuesta frente a la crisis salarial y de priorizar la defensa de sus estructuras internas.
Próximos pasos Pitrola reclamó un “paro nacional activo” y un plan de lucha para enfrentar la situación, y consideró que el cuadro actual debería derivar en una “rebelión de deudores”. Más allá de esa definición política, el dato central que dejó su intervención es la dimensión del endeudamiento y de la mora que atribuyó a los hogares y a los proveedores no financieros. La discusión queda abierta sobre eventuales medidas de alivio, el alcance de la supervisión del Banco Central y la respuesta que adopten las organizaciones sindicales frente al deterioro del ingreso real.
