La senadora nacional de Fuerza Patria, Ana Marks, impulsó un proyecto de resolución para que el Senado cite al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y al ministro de Economía, Luis Caputo, con el fin de que den precisiones sobre el destino de los recursos destinados a la infraestructura vial y la baja ejecución de fondos para obras.
La presentación, acompañada por otros senadores del peronismo, pone el foco en un problema que excede la discusión administrativa: la persistencia del deterioro de las rutas nacionales y la paralización de numerosas obras, en un contexto en el que los recursos específicos para ese fin no estarían siendo aplicados de manera integral.
El proyecto reclama un informe detallado sobre el uso de la tasa sobre los combustibles, cuya afectación es específica para el financiamiento vial. Según los fundamentos, parte de esos fondos habría sido derivada a operaciones financieras en lugar de destinarse al mantenimiento y mejoramiento de las rutas.
De acuerdo con la iniciativa, durante los primeros cinco meses de 2026 se recaudaron $450.500 millones a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, pero sólo se ejecutaron $83.144 millones, lo que equivale al 18,5% de los recursos disponibles. La diferencia entre lo recaudado y lo efectivamente invertido profundiza las dudas sobre la administración de partidas con destino específico.
Ana Marks cuestionó que fondos destinados a infraestructura vial no se utilicen para garantizar el mantenimiento de las rutas. “Es urgente que el jefe de Gabinete y el ministro de Economía den explicaciones sobre el desvío de los recursos que deben estar en el mantenimiento de nuestras rutas nacionales, para evitar accidentes y ayudar al desarrollo de nuestros pueblos y no en la timba financiera”, sostuvo.
La senadora rionegrina también fundamentó su pedido en las facultades constitucionales del Congreso para requerir la presencia de ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo. En ese marco, consideró necesario que el Gobierno explique qué ocurrió con los recursos recaudados para infraestructura vial.
El planteo adquiere especial relevancia para las provincias patagónicas, donde las rutas nacionales cumplen un rol central para la comunicación, el transporte de la producción, el turismo y la integración territorial. La falta de ejecución, en ese sentido, no sólo impacta en la infraestructura, sino también en la actividad económica y en la seguridad vial.
“Mientras las familias y quienes producen siguen pagando impuestos incluidos en el precio de los combustibles, las rutas nacionales se deterioran y las obras no avanzan. El Gobierno tiene que explicar dónde está la plata y por qué no se está utilizando para garantizar rutas seguras y transitables”, afirmó Marks.
La senadora sostuvo que el pedido no se limita a una discusión presupuestaria, sino que busca exigir transparencia sobre recursos con destino específico y defender una infraestructura vial considerada clave para las provincias y sus comunidades.
