El coordinador de la UFI de Delitos Genéricos, Miguel Gay, explicó cómo trabaja esa unidad fiscal y defendió el uso de salidas alternativas en determinados conflictos penales. Lo hizo en una entrevista en el programa “De qué se trata”, de La Mil20, donde también repasó su trayectoria en el Poder Judicial. Según planteó, cada causa debe analizarse tanto desde la denuncia como desde la situación de la persona imputada.
Gay señaló que la unidad que coordina junto a la fiscal Daniela Pringles interviene en casos de lesiones, amenazas, usurpaciones y maltrato animal. Describió que, en muchos expedientes, las partes llegan atravesadas por enojo, tensión y conflictos entre vecinos, por lo que consideró necesario escuchar a cada una y ubicar el hecho en su contexto. En ese esquema, remarcó que el trabajo fiscal no se limita a impulsar una acusación.
En ese punto, vinculó su explicación con el artículo 22 del Código Procesal Penal, al que atribuyó la obligación de procurar el mantenimiento de la paz social. “Por ahí, una salida alternativa, una conciliación, llega a un mejor puerto que una condena”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó causas por delitos contra la propiedad en las que se alcanzaron acuerdos de reparación económica, con damnificados que priorizaban recuperar lo sustraído o contar con recursos para volver a trabajar.
Condiciones para conciliar
El fiscal aclaró que esas alternativas no se aplican de manera automática. Según indicó, para avanzar en una resolución de ese tipo deben existir elementos probatorios suficientes y una investigación ordenada. Mencionó, como caso ilustrativo, las dificultades que puede presentar una causa por amenazas cuando no hay testimonios, registros ni otras evidencias que permitan acreditar lo ocurrido. En ese marco, insistió en que la decisión debe apoyarse en el expediente y no en criterios personales.
Convivencia y prevención
Durante la entrevista, Gay también se refirió a las disputas vecinales y a la necesidad de evitar que discusiones cotidianas escalen hasta hechos de violencia. Explicó que varias de esas situaciones nacen de problemas de convivencia o de falta de diálogo y que una instancia de conciliación puede evitar consecuencias mayores. Además, señaló que en los meses de calor suelen incrementarse algunos conflictos vinculados con consumo de alcohol, drogas, festejos y reuniones entre vecinos, aunque aclaró que esa observación surge de su experiencia y no de estadísticas oficiales del Poder Judicial.
El coordinador agregó que no corresponde estigmatizar a ningún sector social. “Hay buena gente en todos lados y mala gente también en muchos lados”, expresó, al defender la educación como herramienta de prevención. También indicó que desde la fiscalía pueden solicitarse obligaciones educativas para personas condenadas, como completar la escuela primaria o secundaria, con la expectativa de mejorar sus oportunidades de empleo ante el crecimiento de la actividad minera y de otros sectores productivos de San Juan.
Rol de la defensa y recorrido profesional
Gay repasó además los cambios introducidos por el actual sistema procesal penal frente al modelo anterior. Recordó que ingresó al Poder Judicial en 2017, cuando comenzó como escribiente en la Defensoría Penal N.º 1, y sostuvo que la división entre fiscales, jueces y defensores es central en el esquema vigente. “Los fiscales investigan, el juez decide y la defensa hace lo que tiene que hacer”, resumió. También afirmó: “Sin defensa no hay justicia”.
En ese marco, explicó que las actuaciones de la fiscalía deben contar con intervención de la defensa y que el sistema prevé mecanismos de revisión y apelación. Finalmente, informó que desde que comenzó a desempeñarse como fiscal de primera instancia en 2021 participó en aproximadamente 2.000 audiencias y entre 400 y 500 condenas. Según dijo, esa experiencia le permitió asumir la coordinación actual y sostener una respuesta cercana a la ciudadanía en una unidad con causas de alta conflictividad.
