Un grupo de diputados de distintos espacios políticos presentó un proyecto de resolución para pedir al Poder Ejecutivo que readecúe el proyecto de Presupuesto 2027 e incorpore los créditos necesarios para cumplir de manera integral con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.
La iniciativa fue impulsada por Alberto Arrúa y acompañada por legisladores de Argentina Federal, UP, Provincias Unidas y otros bloques. El planteo apunta a que el Ministerio de Economía contemple en el cálculo de gastos del próximo ejercicio las partidas para el funcionamiento de las universidades nacionales, la actualización de los salarios del personal docente y no docente, las becas estudiantiles y las obligaciones previstas por la ley vigente.
Alcance de la norma
En los fundamentos, los autores sostienen que la educación universitaria pública es una política de Estado estratégica para el desarrollo científico, tecnológico, productivo y social del país. También recuerdan que la Ley 27.795 establece la recomposición de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, mecanismos de actualización vinculados a la evolución de los precios y la recomposición salarial de docentes y no docentes mediante negociaciones paritarias periódicas.
El proyecto agrega que la norma prevé recursos para programas de becas estudiantiles y para investigación universitaria, incluidas partidas para la regularización de ingresos a la carrera de investigador científico y el sostenimiento de becas de formación. Según los diputados, esas previsiones deben quedar reflejadas en el Presupuesto Nacional para asegurar su cumplimiento efectivo y evitar que queden sujetas a modificaciones posteriores durante la ejecución.
Antecedentes legislativos y judiciales
Los firmantes remarcan que la Ley 27.795 fue vetada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 647/2025, pero luego el Congreso insistió con la norma y la convirtió en ley con las mayorías constitucionales requeridas. Más tarde fue promulgada por el Decreto 759/2025, por lo que sus disposiciones se encuentran vigentes.
En ese marco, sostienen que el debate del Presupuesto 2027 no puede desconocer obligaciones legales ya existentes y que la previsibilidad presupuestaria resulta necesaria para el funcionamiento de las universidades nacionales, que deben planificar salarios, infraestructura, investigación, hospitales universitarios, actividades académicas y políticas de extensión. Además, mencionan que la Justicia Contencioso Administrativa Federal intimó al Poder Ejecutivo a cumplir una medida cautelar vinculada con aspectos de la ley de financiamiento universitario.
Firmas y próximos pasos
La iniciativa lleva las firmas de Alberto Arrúa, Oscar Herrera Ahuad, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik, Bernardo Biella, Pablo Outes, Yolanda Vega, Claudio Álvarez, Gerardo González, Marcela Pagano, Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz, Fernanda Miño, Mariela Coletta y Agustina Propato. El planteo queda ahora a la espera de tratamiento legislativo, en paralelo con la discusión del presupuesto del próximo año y la definición de las partidas que finalmente enviará el Poder Ejecutivo.
