El 25 de noviembre, los abogados de San Juan elegirán a sus dos representantes en el Consejo de la Magistratura, el órgano que interviene en la selección de jueces, fiscales y defensores oficiales en la provincia. En esa elección compite Franco Montes, expresidente del Foro de Abogados entre 2023 y 2025, al frente de la lista Abogacía Activa, acompañado por Daniela Sánchez como segunda titular.
Propuesta de reforma Montes sostuvo que el Consejo debería reducir los márgenes de discrecionalidad al evaluar postulantes y avanzar hacia un reglamento con criterios objetivos. Entre sus planteos incluyó dar más peso a quienes ejercen la abogacía de manera particular, incorporar un examen psicotécnico —evaluación que releva rasgos personales y profesionales— y obligar a fundamentar públicamente cada voto. Según su planteo, la evaluación debe combinar antecedentes, examen escrito y motivación de las decisiones.
El candidato afirmó: “Soy un abogado que vive de su trabajo, como la mayoría de los colegas”, y señaló que su paso por el Foro le dio experiencia y visibilidad entre sus pares. También dijo que esas características, sumadas al conocimiento del ejercicio cotidiano de la profesión, deberían trasladarse al funcionamiento del Consejo. En ese punto, remarcó que existe consenso entre abogados para fijar parámetros que midan la idoneidad técnica y profesional de los aspirantes.
Discrecionalidad y transparencia Al referirse al desempeño de los actuales representantes de la abogacía, Valeria Torres y Raúl Acosta, Montes evitó una evaluación personal. Sin embargo, habló de un reclamo extendido por la amplitud de la discrecionalidad en el organismo durante los últimos cuatro años, dentro de un esquema de representación que, según dijo, se mantiene desde hace 20 años. También vinculó la publicidad de los votos con el principio de transparencia y con la forma republicana de gobierno.
Montes se manifestó a favor de sumar el examen psicotécnico como herramienta para evaluar el perfil de cada postulante según el cargo al que aspira. Explicó que no es lo mismo la función de un juez penal que la de un juez de familia, y que el trabajo diario con clientes y en tribunales debería ser considerado en la selección. En paralelo, cuestionó que en designaciones recientes, como la del fiscal General Guillermo Baigorrí, la falta de fundamentación pública haya generado observaciones.
Política institucional Consultado por la relación entre política y Justicia, Montes diferenció la política institucional de la partidaria y sostuvo que la simpatía política de un candidato no debería impedir su acceso a la magistratura si existen parámetros objetivos e independencia real. En esa línea, coincidió con el ministro de la Corte Juan José Victoria, presidente actual del Consejo, en que la selección de jueces y fiscales tiene un componente de política institucional, aunque aclaró que eso no se vincula con la política de partidos. Sobre la independencia del Poder Judicial, dijo que en 29 años de ejercicio nunca vivió una situación de ese tipo, aunque evitó una afirmación categórica.
En el tramo final de la campaña, Montes también respondió a las lecturas partidarias que ubican a su lista cerca del oficialismo provincial y a la de Sofía Lloveras cerca del peronismo. Aseguró que durante su gestión en el Foro no hizo distinciones por ideología y que la independencia es el eje de su candidatura y de su equipo. La votación del 25 de noviembre definirá quiénes ocuparán las dos vocalías que corresponden a la abogacía en el Consejo de la Magistratura.




