La Argentina completó este miércoles su segunda ronda de alegatos ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y ratificó el pedido de medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto petrolero Sea Lion, en la cuenca norte de las Islas Malvinas. La delegación sostuvo que existe riesgo de perjuicio irreparable sobre los recursos naturales en disputa y resumió la urgencia de la intervención con la frase: «Es ahora o nunca».
La presentación se realizó en Hamburgo, durante la segunda y última jornada de audiencias. El martes, en el primer día de exposiciones, la Argentina había desarrollado los fundamentos jurídicos de su reclamo, mientras que el Reino Unido rechazó que el organismo tenga competencia para intervenir y defendió su derecho a autorizar la explotación de hidrocarburos en el área. El contrapunto dejó planteadas las diferencias centrales sobre jurisdicción, soberanía y posible daño ambiental.
Competencia y urgencia Durante la segunda ronda, los representantes argentinos defendieron la competencia prima facie del Tribunal, es decir, de manera preliminar, y afirmaron que existen derechos plausibles que deben ser protegidos mientras avanza el procedimiento arbitral. También advirtieron que el inicio de las perforaciones podría provocar un perjuicio irreparable, debido a que los hidrocarburos son recursos no renovables cuya extracción no podría revertirse mediante una sentencia posterior.
El jurista Marcelo Kohen sostuvo que el Tribunal puede resolver sobre las medidas solicitadas sin pronunciarse sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Según la posición argentina, el planteo apunta a evitar la explotación unilateral de recursos naturales en un territorio cuya soberanía continúa siendo objeto de controversia entre ambos países. Nico Schrijver centró su exposición en la urgencia de la intervención y señaló que, después de la decisión final de inversión adoptada el 10 de diciembre de 2025, Sea Lion pasó de la etapa de exploración a un plan concreto de explotación.
Alcance del proyecto De acuerdo con los datos presentados por la delegación argentina, el desarrollo contempla hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción estimada de 310,5 millones de barriles de petróleo. El asesor advirtió que el avance del proyecto podría tornar ineficaz una decisión posterior del tribunal arbitral encargado de resolver la controversia de fondo. Al cerrar su exposición, afirmó: «Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo».
La urgencia también había sido uno de los principales puntos de discusión durante la jornada del martes. La representación argentina sostuvo que los preparativos para la explotación ya están en marcha y que el proyecto podría avanzar antes de que el tribunal arbitral esté constituido. El Reino Unido, en cambio, cuestionó ese argumento y señaló que la perforación no comenzaría antes de marzo de 2027 y que la extracción efectiva de petróleo no se produciría antes de 2028. También indicó que las actividades de exploración en el área llevan décadas y objetó que la Argentina planteara ahora una situación de urgencia.
Qué pidió la Argentina El cierre de los argumentos argentinos estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente ante el Tribunal. Reiteró que, a criterio de la Argentina, están cumplidos los cuatro requisitos para dictar medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo de perjuicio irreparable y urgencia. En concreto, solicitó que se ordene al Reino Unido impedir nuevas perforaciones de explotación e instalaciones de producción vinculadas con Sea Lion, evitar el uso de información obtenida durante las tareas de exploración en perjuicio de los derechos argentinos, no obstaculizar las medidas que la Argentina deba adoptar para cumplir sus obligaciones de protección del medio marino y abstenerse de otorgar nuevas autorizaciones para actividades de explotación de hidrocarburos en la plataforma continental en disputa.
Durante la primera jornada, el Reino Unido había cuestionado la competencia del organismo para intervenir. Su fiscal general, Ellie Reeves, sostuvo que el planteo argentino busca llevar al Tribunal una discusión sobre soberanía que, según la posición británica, excede sus atribuciones. Londres también defendió la legitimidad de las licencias otorgadas para desarrollar actividades hidrocarburíferas y argumentó que los habitantes de las islas tienen derecho a decidir sobre sus recursos naturales. Además, rechazó que exista una amenaza inmediata que justifique la adopción de medidas provisionales.
La Argentina, por su parte, fundamentó su posición en la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas y en la resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras continúe el conflicto. El procedimiento ante el TIDM no busca resolver la soberanía de las Islas Malvinas ni determinar quién tiene derechos definitivos sobre los recursos hidrocarburíferos. La intervención solicitada apunta a obtener medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá analizar el fondo de la controversia, de acuerdo con el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar).
La Argentina presentó formalmente su solicitud el 13 de octubre, al amparo del artículo 290, apartado 5, de la Convemar. Como los dos países eligieron distintos mecanismos para resolver sus controversias, el fondo del caso deberá tramitar ante un tribunal arbitral, mientras que el organismo con sede en Hamburgo puede intervenir para establecer medidas de carácter provisional durante esa etapa. Con las exposiciones argentinas completadas, el Reino Unido tendrá a su cargo el cierre de las audiencias de este miércoles y luego los jueces deberán deliberar y resolver si hacen lugar a las medidas solicitadas, las conceden parcialmente o rechazan el pedido.
