La investigación judicial por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum continúa en etapa preliminar de investigación penal preparatoria y, por el momento, no registra imputados formales. El expediente, que ya lleva aproximadamente cinco meses de actividad, podría sumar una prórroga de 90 días a partir del 30 de mayo.
La pesquisa se concentra en posibles fallas en la calidad de los materiales utilizados y en eventuales irregularidades en la licitación de una de las obras hídricas más relevantes de San Juan. Según lo informado, la causa se inició en diciembre de 2025 a partir de una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, presentada sobre la base de notas periodísticas que mencionaban anomalías sin identificar responsables concretos.
En marzo de 2026, la Fiscalía realizó una inspección ocular en distintos puntos del trazado del acueducto. El recorrido se llevó a cabo el 10 de marzo y tuvo por objetivo relevar información en terreno sobre el estado de los trabajos y el desarrollo de la obra.
El expediente incorporó además un informe técnico solicitado por OSSE y elaborado por la Consultora Interacción, con certificación de Bureau Veritas, que advierte que las tuberías instaladas no serían aptas para agua potable y podrían ser tóxicas. El documento sostiene que esos caños se utilizan para desagües pluviales y cloacales, por lo que no cumplirían con los estándares requeridos para un acueducto destinado al consumo humano.
El fiscal Sebastián Gómez señaló que ese informe es un elemento de análisis, aunque aclaró que todavía falta una pericia técnica judicial que confirme oficialmente sus conclusiones. En paralelo, el fiscal de Estado Sebastián Dávila confirmó que el Gobierno provincial se constituirá como querellante y pedirá pericias sobre los materiales, mientras ya se cursaron pedidos de información a directivos de OSSE, al Ministerio de Infraestructura y al Ministerio de Economía.
Entre las medidas que podrían adoptarse figura incluso el desentierro de cañerías ya colocadas para verificar su estado y el tipo de material utilizado. Si la investigación se extiende, el plazo total podría alcanzar 180 días; al cierre de ese período, la Fiscalía deberá definir si existen elementos para avanzar con imputaciones o si corresponde desestimar la denuncia.
