El vicegobernador Fabián Martín encabezó una reunión de trabajo en el Anexo de la Cámara de Diputados con el presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, y la jueza de Menores, María Julia Camus, para revisar los ejes del proyecto de Régimen Penal Juvenil. El encuentro se realizó antes de la sesión especial prevista para el lunes 14 de septiembre y tuvo como objetivo exponer el alcance de la propuesta que será tratada por la Legislatura.
También participaron el secretario Legislativo, Gustavo Velert, y un grupo de diputados integrado por Juan de la Cruz Córdoba, Leopoldo Soler, Pedro Albagli, Franco Aranda, Federico Rizo, Luis Rueda, Gabriel Sánchez, Gustavo Núñez, Juan Carlos Quiroga Moyano, Andrés Castro, Mónica González, Laura Seva, Marta Gramajo, Stella Caparrós, Emilio Escudero, Fernanda Paredes, Enzo Cornejo, Marcela Quiroga, Alejandra Leonardo, Marcelo Mallea, Gustavo Usín, Mario Herrero, Jorge Ripoll y Rosana Luque. La instancia de trabajo se inscribe en el proceso de adecuación normativa que la provincia debe resolver antes de poner en marcha el régimen.
Norma transitoria
Durante la reunión, Olivares Yapur explicó los alcances de la Ley Nacional N.º 27.801 y distinguió la norma transitoria, de tratamiento inminente, del proyecto definitivo para el nuevo Código Procesal Penal Juvenil sanjuanino. Según lo expuesto, la transición busca adaptar la legislación federal a la estructura judicial vigente en la provincia mientras se define el marco permanente. El punto central es compatibilizar un esquema nacional de tipo acusatorio, en el que la investigación queda a cargo del fiscal, con la Ley N.º 754-O de San Juan, que mantiene un sistema mixto en el que la instrucción recae en el juzgado de menores.
La adecuación provisoria permitiría incorporar las figuras previstas por la ley nacional sin modificar de inmediato la matriz procesal local. Ese paso resulta relevante porque ordena la transición institucional mientras sigue pendiente la discusión del código definitivo. En términos prácticos, la medida evita un salto normativo inmediato sobre el funcionamiento actual de los tribunales de menores.
Reforma de fondo
Las autoridades señalaron que el futuro código implicará una transformación más profunda hacia un sistema adversarial específico para adolescentes en conflicto con la ley penal. Ese cambio requerirá una reestructuración operativa, con la creación de fiscalías, defensorías y asesorías especializadas. También demandará inversión en personal e infraestructura, según lo planteado en la reunión.
La puesta en marcha del régimen definitivo quedará sujeta a los tiempos del debate parlamentario y a la aprobación posterior del Poder Legislativo. Hasta entonces, el avance inmediato depende del tratamiento de la norma transitoria y de la capacidad institucional para sostener la adecuación del sistema vigente. La sesión especial del lunes 14 de septiembre aparece, por lo tanto, como el próximo hito del proceso.
