El juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, impuso una multa diaria de $100.000 al Gobierno Nacional por incumplir una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La sanción fue dirigida al jefe de Gabinete, Diego Santilli, a quien el fallo ubica como responsable de la administración del presupuesto.
La decisión judicial se dictó este miércoles en respuesta al reclamo que desde hace meses impulsa el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) por la falta de actualización de los salarios docentes y no docentes y por la escasez de fondos para becas estudiantiles. En ese marco, el expediente volvió a poner bajo revisión el alcance del cumplimiento estatal de una cautelar ya vigente.
Fundamentos de la sanción
En el texto de la resolución, Cormick sostuvo: “En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, ello, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 100 inciso 1 de la Constitución Nacional y el art. 5 ° de la Ley 27.798, las que se fijan en la suma de $ 100.000 en una primera etapa, pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto”.
Las astreintes son sanciones económicas compulsivas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial. Según el documento, el monto inicial quedó establecido en $100.000 diarios, aunque el magistrado advirtió que tanto la cifra como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si el incumplimiento se mantiene en el tiempo.
Antecedentes del caso
El juez ya había intimado al Poder Ejecutivo el 22 de septiembre, con un plazo de cinco días, y ante la falta de registros de pago, luego del vencimiento fijado el 30 del mes pasado, se hizo efectiva la sanción anunciada. La resolución se apoya en una cautelar que, según el fallo, continúa “activa, firme y de cumplimiento obligatorio”.
La gestión del presidente Javier Milei apeló el fallo principal que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025, mediante el cual se intentó anular la ley de financiamiento. Sin embargo, el juez afirmó que la cautelar ya fue convalidada previamente por la Corte Suprema, por lo que mantiene su exigibilidad mientras siga vigente el proceso. El monto de la multa y la identificación de los funcionarios alcanzados quedan sujetos a la evolución del incumplimiento y a nuevas decisiones del tribunal.