La Justicia Federal de La Plata avanzó en el amparo colectivo presentado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) para reclamar la reactivación de obras y el mantenimiento de las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires. El juez Ernesto Kreplak dispuso que la causa sea inscripta como proceso colectivo, al considerar que el planteo involucra a los usuarios efectivos y potenciales de la red vial nacional.
En ese marco, y mientras se analiza el pedido de medida cautelar urgente, el magistrado ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad, al Ministerio de Economía y al Banco de la Nación Argentina que presenten en un plazo de tres días los informes previstos por el artículo 4 de la Ley 26.854. También fijó diez días para que las demandadas remitan la información correspondiente al trámite del amparo, contemplada en el artículo 8 de la Ley 16.986.
La decisión adquiere relevancia porque abre una instancia de revisión judicial sobre la asignación de recursos destinados a la infraestructura vial, en un contexto de deterioro sostenido de las rutas nacionales. Según sostuvo Tolosa Paz, la presentación se apoya en una investigación de dos años y en unas 800 hojas de documentación, con datos sobre las cuentas de inversión del Banco Nación, la compra de letras y títulos del Tesoro y el destino de los fondos vinculados a la red vial.
La diputada planteó además que el Gobierno podría intentar justificar la falta de ejecución de esos recursos en la necesidad de ordenar la macroeconomía. En esa línea, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien le reclamó que los fondos sean destinados a las rutas. El eje del planteo es la existencia de “más de un billón del SisVial colocados en inversiones financieras”, mientras persiste el deterioro de las rutas nacionales.
El amparo incorpora también un dato que agrava el cuadro: según los registros presentados, en el primer semestre de 2026 la Ruta Nacional 5 ya registra más víctimas fatales que durante todo 2025. Para la legisladora, esa situación deja en evidencia que el debate excede lo presupuestario y se traduce en consecuencias concretas sobre la seguridad vial y la pérdida de vidas.
La presentación judicial también advierte sobre obras estratégicas en las rutas nacionales 3 y 5, que cuentan con 100 millones de dólares de financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que, de acuerdo con el planteo, no se están ejecutando conforme a los compromisos asumidos.
La próxima definición será el análisis de la medida cautelar solicitada por Tolosa Paz. En paralelo, continuará el proceso colectivo sobre el fondo de la cuestión, con una discusión que puede impactar tanto en la política de obra pública como en la seguridad de quienes transitan por las rutas nacionales.
