Los diputados que impulsaron denuncias contra Manuel Adorni destacaron este lunes el nuevo movimiento de la Justicia en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita le requirió al exjefe de Gabinete que justifique su patrimonio, en una instancia que podría anteceder a una eventual imputación.
El radical Pablo Juliano sostuvo que el pedido fiscal confirma que la causa entró en una etapa más delicada para el exfuncionario. En ese sentido, afirmó que las primeras medidas judiciales habrían detectado irregularidades en el crecimiento patrimonial de Adorni y planteó que ahora deberá explicar el origen de sus bienes e ingresos.
Juliano también puso en duda algunas de las explicaciones que circularon en torno al caso y cuestionó el uso de dólares en efectivo, tarjetas y supuestos créditos vinculados a jubiladas y mujeres policías. Además, consideró que la investigación comienza a desarmar la versión pública que rodeó al exvocero y exjefe de Gabinete de Javier Milei.
Desde la misma coalición, el socialista Esteban Paulón remarcó que el requerimiento de Pollicita es previo a una posible imputación, pero advirtió que la evolución patrimonial del exfuncionario será difícil de justificar. Según señaló, el incremento habría superado el 2.000% entre la declaración jurada presentada al asumir y otra posterior, con rectificaciones incluidas tras las denuncias y el inicio de las causas judiciales.
Paulón explicó que, si el fiscal considera insuficientes las respuestas, podría avanzar con la imputación y el llamado a indagatoria en las próximas semanas. También señaló que en la causa podrían incorporarse figuras como malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias.
En ese marco, el diputado santafesino no descartó que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, sea incorporada a la investigación. Y agregó que, si el exfuncionario logra acreditar el origen de los fondos, podría obtener la falta de mérito, aunque advirtió que la causa por el viaje a Punta del Este sería la más compleja para su defensa.
La novedad judicial reaviva el costo político del caso y deja al oficialismo bajo una nueva presión, en momentos en que la oposición busca instalar que el expediente puede escalar más allá del requerimiento patrimonial inicial.
