La situación judicial de Manuel Adorni cambió de eje tras el dictamen del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien consideró que no hay pruebas suficientes para sostener, por ahora, una acusación por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, sostuvo que existen elementos para profundizar una pesquisa sobre un eventual ocultamiento de patrimonio y una posible evasión de impuestos. Por ese motivo, pidió que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
La decisión final quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, que todavía debe resolver el planteo. La causa se originó en una denuncia de la diputada Marcela Pagano y examinó la evolución patrimonial del exfuncionario entre diciembre de 2023 y junio de 2026. El dictamen no implica un sobreseimiento y deja abierta la revisión de las obligaciones fiscales de Adorni y su entorno familiar.
La explicación sobre Bitcoin Uno de los puntos centrales fue el origen de una parte de los ahorros declarados por la defensa. Adorni afirmó que invirtió cerca de USD 200.000 en Bitcoin entre 2014 y 2018 y que, al vender esos activos digitales, obtuvo USD 591.544,61, suma que dijo haber mantenido en efectivo. La Fiscalía ordenó verificar ocho direcciones de criptomonedas aportadas por la defensa y las pericias confirmaron que las claves privadas estaban bajo su control al momento de la revisión.
Los especialistas de la Policía Federal aclararon, no obstante, que la tecnología blockchain no permite determinar con certeza quién administraba esas cuentas en el pasado ni reconstruir todo el detalle de las operaciones. De los 41 movimientos identificados, 17 no registraron interacción con plataformas de intercambio y otros estuvieron vinculados con servicios extranjeros que ya no conservarían información histórica. Pollicita concluyó que no pudo comprobar por completo la versión de Adorni, aunque tampoco reunió elementos técnicos para descartarla.
Ingresos, gastos y diferencias La reconstrucción fiscal incorporó los ingresos formales del matrimonio integrado por Adorni y Bettina Angeletti. Según registros de ANSES y ARCA, ambos acumularon remuneraciones equivalentes a unos USD 335.000 hasta 2014 y cerca de USD 493.000 hasta 2018. Además, se registraron compras de moneda extranjera por USD 83.472 hasta 2015. Para el fiscal, esos antecedentes vuelven económicamente posible la inversión en criptomonedas, aunque no prueban de manera definitiva el origen de los fondos.
La Fiscalía también detectó desembolsos por USD 402.578,12, de los cuales USD 374.081,66 habrían sido cancelados en efectivo. A eso se sumó una diferencia de $43.068.549 entre los ingresos lícitos acreditados y los gastos, compras y deudas afrontados durante el período investigado. En ese marco, el dictamen puso bajo análisis dos operaciones inmobiliarias que concentraron buena parte del expediente.
Operaciones inmobiliarias bajo revisión Una de ellas fue la compra de una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que quedó a nombre de Angeletti en noviembre de 2024 por USD 120.000, más otros USD 5.000 por el ingreso al barrio privado. Según el expediente, el matrimonio habría tomado un préstamo privado de USD 100.000 de Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria Cancio, mientras que los USD 20.000 restantes fueron declarados como pago en efectivo. Las refacciones también quedaron en discusión: el contratista Matías Tabar aseguró haber cobrado USD 245.000 en efectivo, mientras que Adorni afirmó que el costo real fue de USD 175.000.
La otra operación fue la compra de un departamento con cochera en la calle Miró, en Caballito, por USD 230.000, en noviembre de 2025. La documentación incorporada al expediente indica que USD 30.000 se pagaron en efectivo y los otros USD 200.000 se financiaron mediante una hipoteca privada con las anteriores propietarias, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Además, Pablo Feijoo, hijo de una de las acreedoras, declaró haber aportado otros USD 65.000 para remodelaciones.
El posible frente tributario El nuevo eje de la causa es determinar si hubo incumplimientos en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos nacionales. Pollicita sostuvo que existen indicios de ingresos, ahorros, moneda extranjera y activos digitales que podrían no haber sido declarados en distintos ejercicios. Entre los puntos a verificar figuran los ingresos profesionales usados para comprar Bitcoin, la venta posterior de esas criptomonedas, las diferencias entre los movimientos informados a Binance y las declaraciones presentadas ante los organismos fiscales, y los préstamos privados cuya entrega efectiva de dinero no habría quedado acreditada.
El dictamen también mencionó que la propia defensa reconoció la presentación de declaraciones juradas rectificativas con información que antes no había sido declarada. Además, se incorporaron consumos por más de $8 millones realizados con tarjetas de crédito de empleados del entorno de Adorni para compras de productos para el hogar, dos proyectores y un monitor. Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería Presidencial, dijo que había hecho esas compras a su nombre y que el funcionario le reintegraba el dinero en efectivo; la defensa sostuvo que los gastos fueron devueltos.
Pollicita también pidió remitir actuaciones para analizar la posible responsabilidad de los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, además del contratista Matías Tabar, y solicitó que el Colegio Público de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires evalúe la actuación de Adriana Mónica Nechevenko. Si el planteo fiscal prospera, la Justicia Penal Económica deberá revisar ejercicio por ejercicio si existieron irregularidades tributarias, en un expediente que sigue abierto y sin definición sobre el patrimonio atribuido al exfuncionario.
