La discusión del Presupuesto 2027 se encamina a una definición más lenta de la prevista en la Cámara de Diputados, en medio de reclamos de gobernadores, bloques aliados y sectores de la oposición que piden cambios en partidas para obras, universidades, discapacidad y cajas previsionales. En el oficialismo, la respuesta que repiten algunos integrantes de la mesa legislativa es: “Hablá con Guberman”, en referencia al secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El objetivo de La Libertad Avanza sigue siendo conseguir los votos para aprobar el proyecto antes del 25 de noviembre, aunque ya había una fecha anterior para ese trámite.
Negociación abierta
Según los aliados consultados, el principal punto de fricción es la negativa a introducir modificaciones de fondo en el texto. Un diputado que suele acompañar los proyectos del oficialismo señaló que el argumento es que la planilla de anexos quedó cerrada en junio, lo que dificulta reabrir la discusión técnica. En ese marco, la Casa Rosada evalúa establecer fondos para leyes vigentes, con el objetivo de evitar que queden sin aplicación por falta de presupuesto. La discusión no es solo política: también involucra la ejecución de normas ya sancionadas y la distribución de recursos entre Nación y provincias.
Reclamos provinciales
Los gobernadores concentran buena parte de los pedidos. Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Martín Llaryora, de Córdoba, insistieron esta semana con partidas para obras públicas, el pago de la deuda por fondos previsionales y el financiamiento universitario. A ellos se sumó Gustavo Sáenz, de Salta, con el reclamo por una distribución equitativa de los subsidios al transporte público. En el caso de las cajas previsionales, el monto mencionado asciende a u$s2.899.574.222 para distribuir entre 13 provincias. Para las universidades, el pedido es de $11 billones, frente a los $7,5 billones ofrecidos. También sigue abierto el capítulo discapacidad, a la espera de una aprobación en el Senado que se considera holgada, aunque depende de una promesa aún no ratificada por el Palacio de Hacienda.
Otros sectores en disputa
La discusión también alcanzó a intendentes de todo el país, que este miércoles participaron de una reunión de la comisión de Asuntos Municipales en la Cámara de Diputados. Según lo informado, asistieron unos 80 jefes comunales, que expresaron su rechazo a la reducción de beneficios del Programa Remediar, de 126 medicamentos a 6, y pidieron un reparto más eficiente de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Ese planteo se repite desde 2024 y se sumó a los reclamos por el financiamiento de políticas sanitarias y de infraestructura local. En paralelo, el PRO propuso reducir el ICL, bajar el IVA de los huevos y sus derivados del 21% al 10,5%, extender regímenes de promoción automotriz y autopartista hasta el 31 de diciembre de 2027 e incorporar un régimen antievasión vinculado al intercambio de información sobre billeteras virtuales.
Articulación legislativa
En el peronismo, el catamarqueño Sebastián Nóblega dijo a Ámbito que algunas provincias ya lograron incorporar intereses propios al texto, aunque con concesiones limitadas. Señaló que se acordó que la provincia asuma la reparación de la ruta nacional 38 en la Cuesta del Totoral, pero advirtió que persiste la preocupación por otras vías, como las rutas nacionales 157 y 60. También pidió blindar las partidas del INTA y aumentar el bono para jubilados, que permanece en $70.000 desde 2023. En la misma línea, Carlos Castagneto, diputado bonaerense, sostuvo que el bloque pedirá que concurran ministros al Congreso y que propondrá reponer leyes no cumplidas por el Gobierno a partir de recursos de la Jurisdicción 91, donde figuran las Obligaciones a Cargo del Tesoro.
El rol de Hacienda
Castagneto ubicó en esa jurisdicción una partida de $14,9 billones, que describió como la tercera erogación más onerosa de la ley pese a no tener personal ni edificio propios. En ese esquema, Carlos Guberman aparece como el funcionario con capacidad de ordenar o frenar respuestas técnicas dentro del Poder Ejecutivo, aunque la decisión final depende de Casa Rosada. La negociación seguirá en las próximas semanas, con el 25 de noviembre como fecha de referencia para intentar la media sanción en Diputados y con el Senado pendiente de los cambios que puedan introducirse en el texto final.
