La Corte Suprema de Justicia convocó a un acuerdo extraordinario para este viernes a las 9 en el expediente que puede reabrir la discusión sobre la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras. La decisión se tomó después de que el tribunal acelerara los plazos procesales y dejara la causa en condiciones de avanzar hacia una nueva resolución. El eje del caso es una medida cautelar que, si fuera concedida, podría restablecer de manera provisoria los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
La convocatoria se produjo luego de que la Corte redujera de 72 a 24 horas el plazo para que quedara firme la incorporación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, sorteados para completar la integración del tribunal ante la falta de una posición común entre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Ambos ya aceptaron sus cargos, y la propia Corte habilitó días y horas inhábiles para consolidar esa integración. Ese movimiento procesal muestra la urgencia asignada al planteo y anticipa una definición en el corto plazo.
El planteo El expediente fue impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. La presentación cuestiona el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737, que establecía límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Los presentantes sostienen que tienen “títulos de legitimación propios y diferentes” y fundamentan el reclamo en derechos ambientales, biodiversidad y protección de territorios ancestrales.
Antecedente inmediato El caso se vincula con el expediente promovido por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), aunque con fundamentos distintos. La semana pasada, la Corte rechazó ese planteo al considerar que los excombatientes no tenían legitimación suficiente, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. En esta nueva presentación, en cambio, el tribunal deberá analizar si corresponde habilitar una cautelar mientras sigue abierto el debate de fondo sobre el alcance del decreto.
Si la medida fuera concedida, volverían a regir en forma provisoria las restricciones que estaban vigentes antes del DNU 70/2023. La definición que adopte la Corte este viernes puede incidir sobre el régimen de tierras rurales y sobre la validez práctica de la derogación dispuesta por el Poder Ejecutivo. El expediente quedó así en una instancia decisiva, con una integración especial del tribunal y un trámite acelerado que concentra la atención en la resolución inmediata.
