La Corte Suprema de Justicia aceleró el trámite de una causa que cuestiona la derogación de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno de Javier Milei a través del DNU 70/23. El máximo tribunal resolvió reducir a 24 horas el plazo para que las partes objeten la incorporación de los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. La medida acorta el régimen habitual de 72 horas y concentra el debate inicial sobre la integración del tribunal.
La resolución fue firmada este miércoles y, según el texto judicial, se adoptó “en atención a las particulares circunstancias de la causa”. En el mismo documento, la Corte informó que Barroetaveña y Pérez Curci aceptaron sus cargos. También habilitó días y horas inhábiles para tramitar las eventuales impugnaciones, lo que acelera los tiempos procesales en un expediente con impacto regulatorio.
El alcance del expediente cobra relevancia porque incluye un pedido de medida cautelar que podría volver a poner en vigencia restricciones para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La presentación fue realizada por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades indígenas Lafkenche y Lof Fvta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. Los demandantes cuestionan el artículo 154 del DNU 70/23, por el que se derogó la Ley 26.737, que establecía el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.
Antecedente judicial El expediente quedó vinculado con otra causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que también había objetado la eliminación de la norma. Sin embargo, la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 al resolver ese caso la semana pasada. En esa oportunidad, rechazó la demanda al considerar que el CECIM no tenía legitimación suficiente para impulsar el proceso colectivo.
Frente a ese antecedente, los integrantes de Árbol de Pie sostuvieron que su situación es distinta. En una presentación ante la Corte pidieron que se determine si el fallo dictado en el caso CECIM tiene efectos sobre su expediente y afirmaron que cuentan con “títulos de legitimación propios y diferentes” de los analizados en aquella causa. El planteo no se apoya en la soberanía nacional, sino en la protección ambiental, la biodiversidad y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales.
Con esa base, la Corte dejó el expediente en condiciones de avanzar sobre la integración del tribunal y sobre las objeciones iniciales de las partes. El próximo paso inmediato será el vencimiento del plazo de 24 horas para cuestionar a los conjueces, un trámite que podrá correrse también en días y horas inhábiles. Después de esa instancia, quedará abierto el camino para resolver la cautelar y, eventualmente, volver a discutir la derogación de la Ley de Tierras.
