La decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar arbitrario un fallo de la Cámara del Trabajo que había elevado una indemnización sin que el trabajador lo pidiera volvió a poner bajo la lupa los límites de la intervención judicial en los conflictos laborales. El caso abrió una discusión de fondo entre abogados laboralistas, no solo por el criterio aplicado, sino por las consecuencias que podría tener en futuros litigios.
Para un sector de los juristas, el pronunciamiento envía una señal clara a los tribunales inferiores: la tutela del trabajador no habilita a apartarse de las reglas básicas del debido proceso. Para otros, en cambio, se trató apenas de la corrección de un vicio procesal puntual, sin impacto real sobre la forma en que se negocian las indemnizaciones con las empresas.
En el fallo Pagani c/Provincia ART, la Corte trazó un límite preciso al recordar que las garantías del debido proceso prevalecen sobre el principio protectorio. En ese expediente, la Cámara había elevado la indemnización de $240.000 a $1,6 millones, pese a que la ART había sido la única parte que apeló con el objetivo de reducir el monto. Según el máximo tribunal, esa decisión vulneró la prohibición de la reformatio in peius, que impide empeorar la situación de quien recurre cuando la otra parte consintió la sentencia.
La controversia no se agota en el caso concreto. Entre quienes leen el fallo como una advertencia institucional, la resolución puede incidir en el sistema de riesgos del trabajo, donde los costos se calculan sobre bases actuariales y económicas. Desde esa perspectiva, cualquier modificación de oficio en las condenas introduce incertidumbre y erosiona la previsibilidad que requieren empleadores y aseguradoras.
En ese marco, Julio E. Lalanne, abogado especialista en Derecho Laboral de la Alta Gerencia, sostuvo que existen dos lecturas posibles. Una interpreta que la Corte aprovechó un error procesal para marcar un límite a los jueces frente a indemnizaciones cuantiosas; la otra entiende que el tribunal solo aplicó un principio procesal histórico y no fijó una nueva política indemnizatoria.
Para Lalanne, extraer de este precedente una regla general sobre cómo calcular indemnizaciones sería incorrecto. A su entender, la Corte se limitó a subsanar una equivocación técnica de la Sala II de la Cámara Laboral, que habría cometido un error grave al incrementar la condena sin que el trabajador hubiese apelado la sentencia de primera instancia.
El caso se originó a partir de un accidente laboral sufrido en agosto de 2017 por un técnico electricista que padeció una lesión en la rodilla. Desde allí, el expediente terminó en un pronunciamiento de alcance más amplio, porque dejó planteada una discusión que excede al litigio individual: hasta dónde puede llegar la protección judicial del trabajador sin desbordar las garantías procesales que ordenan el sistema.
