El abogado Santiago Graffigna, condenado como jefe de una asociación ilícita vinculada a expropiaciones irregulares, busca ahora cerrar una de las demandas civiles que la provincia impulsó para recuperar fondos pagados de manera indebida. En este caso, planteó la caducidad de instancia, figura prevista cuando durante seis meses no hay movimientos que impulsen el expediente. La definición quedó en manos de la jueza Adriana Tettamanti, del fuero Contencioso Administrativo.
La presentación recae sobre la causa “Luna, Benito Ricardo”, originada en una expropiación en Iglesia para la construcción del dique Cuesta del Viento. Según el expediente, la provincia pagó 1.011.194,31 pesos en 2009, aunque Fiscalía de Estado sostiene que se trató de un proceso irregular y que el monto fue abonado indebidamente. En el plano civil, una eventual sentencia favorable al demandante podría elevar la suma actualizada a entre 7 millones y 10 millones de pesos.
El planteo de Graffigna se apoya en que, desde septiembre de 2023, no habría existido actividad procesal luego de una suspensión acordada por 20 días el 29 de agosto de 2023. A partir de esa inactividad, el abogado pidió la perención de instancia. Si el tribunal le diera la razón, la causa quedaría cerrada en primera instancia, aunque no necesariamente se extinguiría el derecho del Estado a reclamar.
Desde Fiscalía de Estado, bajo la conducción de Sebastián Dávila, anticiparon que cuentan con argumentos para rechazar el pedido y evitar el archivo del expediente. La discusión, en consecuencia, no solo define el futuro de esta demanda puntual, sino también el alcance de la estrategia judicial del Estado para sostener los reclamos patrimoniales derivados de la megacausa.
La demanda también había alcanzado al actual camarista civil Roberto Pagés, por su intervención como juez de primera instancia del Cuarto Civil cuando se tramitó la expropiación. Sin embargo, fue desligado del proceso luego de que la Corte de Justicia confirmara el criterio de que los magistrados no pueden ser demandados por el contenido de sus sentencias, salvo denuncia y destitución previas.
En el trasfondo del expediente aparece una de las discusiones centrales de la megacausa: la valoración del inmueble. Fiscalía de Estado sostuvo que Ricardo Luna no era propietario pleno del terreno, sino titular de “derechos y acciones”, lo que habría reducido en un 30 por ciento el valor de la tasación. También cuestionó que se haya presentado una demanda de posesión veinteañal para simular el dominio y elevar el monto a cobrar.
El caso, además, quedó asociado al llamado Plenario Luna, en el que el Tribunal de Tasaciones de la Provincia modificó su criterio de valuación y pasó de tasar campos rurales por hectárea a hacerlo por metro cuadrado, con impacto directo en el costo de las expropiaciones. Ese cambio metodológico terminó por amplificar el perjuicio económico atribuido al esquema investigado.
La resolución de Adriana Tettamanti será clave para determinar si la causa sigue su curso o si, como pretende Santiago Graffigna, queda extinguida por falta de actividad procesal. En juego no está solo un expediente, sino la continuidad de una línea de reclamos estatales por fondos que, según la acusación, fueron pagados de manera irregular.
