El Senado se encamina a aprobar este jueves un proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR) y fija un piso de US$ 12 millones para acceder a beneficios fiscales. La propuesta apunta a empresas medianas, en especial de economías regionales, que queden por encima del umbral de las pymes y por debajo de los desembolsos exigidos por el RIGI.
La iniciativa fue impulsada por el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, y cuenta con el acompañamiento de La Libertad Avanza, bancada que lidera Patricia Bullrich en la Cámara alta. Según el texto, el respaldo oficialista responde a la necesidad de sostener un acuerdo legislativo con un sector cuyos votos resultan clave y a la afinidad del proyecto con el esquema de incentivos para grandes inversiones promovido por la gestión de Javier Milei.
Marco normativo
Varios senadores describen al RIIR como un instrumento para cubrir un “bache” entre el RIMI, orientado a pymes, y el RIGI, vigente desde la aprobación de la Ley Bases en 2024. El nuevo régimen prevé beneficios para inversiones nacionales o extranjeras destinadas a industrias o actividades productivas “genuinamente nuevas” y ejecutadas dentro de los dos primeros años de vigencia de la ley. El foco está puesto en la agroindustria, la industria manufacturera o intermedia y los proyectos de transición energética.
Para ingresar al régimen, las inversiones deberán ser productivas, entendidas como la adquisición, elaboración, fabricación o importación de bienes muebles nuevos amortizables en el Impuesto a las Ganancias, con excepción de automóviles, además de obras destinadas directamente a actividades productivas. Quedan excluidos los activos financieros, las inversiones de portfolio y los bienes de cambio. El proyecto también habilita beneficios, sin piso mínimo de monto, para sistemas y equipos de riego, bienes de alta eficiencia energética, mallas antigranizo para el sector agropecuario y bienes semovientes.
Beneficios y requisitos
La propuesta establece que, para acceder a los incentivos, deberá presentarse ante la autoridad de aplicación un plan de inversión con carácter de declaración jurada. Ese documento tendrá que detallar el proyecto, su ubicación, financiamiento, tiempos de ejecución, factibilidad económica e impacto productivo y laboral. Además, deberá incluir el compromiso de contratar proveedores nacionales por al menos el 20% del monto destinado a proveedores, siempre que exista oferta disponible en condiciones de mercado de precio y calidad.
Entre los beneficios previstos figura la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, es decir, la posibilidad de deducir el costo de las inversiones en plazos más cortos. En el caso de bienes muebles, la amortización podrá hacerse en dos cuotas anuales, mientras que los equipos de riego agrícola o vinculados a la eficiencia energética podrán amortizarse en una sola cuota. También se habilita la devolución de créditos fiscales del IVA generados por inversiones productivas una vez transcurridos tres períodos fiscales mensuales desde la declaración.
Alcance y próximos pasos
El proyecto garantiza además una “estabilidad normativa en materia tributaria durante 30 años” desde la promulgación de la ley para los beneficios otorgados, que no podrán ser afectados por derogaciones posteriores ni por normas tributarias más gravosas o restrictivas. No podrán ingresar al régimen las personas o empresas con condenas confirmadas en segunda instancia por delitos de corrupción, tributarios, aduaneros o cambiarios; quienes estén en quiebra; ni quienes registren deudas fiscales, aduaneras o previsionales exigibles e impagas.
El texto prohíbe que una misma inversión reciba simultáneamente beneficios del RIIR y del RIGI. Tras la votación en el Senado, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, donde fuentes parlamentarias consideran altas las chances de aprobación debido al impulso del radicalismo y al interés de La Libertad Avanza en sostener ese respaldo para los debates sobre Presupuesto 2027 y reforma electoral.
